/ miércoles 18 de septiembre de 2019

En Punto

Dos mil millones de pesos se destinaron desde los tres niveles de gobierno en dos años para tratar de reparar o resarcir los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el estado de Puebla. Ese dinero, que representa una enorme cantidad de recursos públicos, fue infructuoso, o por lo menos fue insuficiente, pues al día de hoy siguen huellas de aquel terremoto que mató personas y destruyó el patrimonio de miles de poblanos.

Una investigación de la reportera Verónica de la Luz Crisanto, que hoy se publica en EL SOL DE PUEBLA, da cuenta de la existencia de al menos 20 funcionarios estatales y federales de 12 dependencias públicas que tuvieron en sus manos la responsabilidad de manejar ese dinero.

“Según los informes gubernamentales del estado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la plataforma Fuerza México, las dependencias y organismos que tuvieron acceso a estos recursos son la Secretaría de Salud estatal y federal; la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal y federal; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal; la Secretaría de Cultura federal; el Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE); el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y el ISSSTE”, expone el reportaje.

En primerísimo lugar aparece la ex secretaria de la Sedesol y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, hoy, por cierto, indiciada en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La importancia del texto radica en las acusaciones vertidas hace unos días por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Según las palabras del mandatario, hubo corrupción, fraude y malversación en el manejo de los recursos destinados para los damnificados. “Era una porquería”, dijo, antes de ofrecer castigo contra los culpables.

EL SOL DE PUEBLA revela hoy quiénes podrían ser esos servidores corruptos que malversaron el dinero de la reconstrucción.

***

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta guarda con llave y en un sitio secreto el monto de la próxima tarifa del transporte público urbano, que con base en la interpretación de sus propias palabras ya ha sido definido.

Barbosa dio a conocer que el jueves de esta semana podría anunciarse el incremento a la tarifa, pero subrayó que para que eso suceda primero tiene que estudiarse y debatirse a fondo con los transportistas el convenio que les presentará para aprobar la modificación del pasaje.

“Estuve revisando el convenio el sábado a mediodía, pero le faltaban cosas y hoy en la noche (ayer martes) tengo que terminar de hacerlo (…) espero que sea el jueves, pero ya está casi todo, eso espero, pero quiero actuar con mucho cuidado”, expuso.

El convenio del que habla Barbosa incluye el aumento y una serie de medidas que se le exigirán a los concesionarios a cambio de ese incremento.

Está claro que lo que le preocupa al gobernador es que los transportistas acepten las condiciones que les pedirá a cambio del incremento, lo cual significa que ya sabe qué tarifa autorizará.

¡Qué nervios!

Dos mil millones de pesos se destinaron desde los tres niveles de gobierno en dos años para tratar de reparar o resarcir los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el estado de Puebla. Ese dinero, que representa una enorme cantidad de recursos públicos, fue infructuoso, o por lo menos fue insuficiente, pues al día de hoy siguen huellas de aquel terremoto que mató personas y destruyó el patrimonio de miles de poblanos.

Una investigación de la reportera Verónica de la Luz Crisanto, que hoy se publica en EL SOL DE PUEBLA, da cuenta de la existencia de al menos 20 funcionarios estatales y federales de 12 dependencias públicas que tuvieron en sus manos la responsabilidad de manejar ese dinero.

“Según los informes gubernamentales del estado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la plataforma Fuerza México, las dependencias y organismos que tuvieron acceso a estos recursos son la Secretaría de Salud estatal y federal; la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal y federal; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal; la Secretaría de Cultura federal; el Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE); el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y el ISSSTE”, expone el reportaje.

En primerísimo lugar aparece la ex secretaria de la Sedesol y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, hoy, por cierto, indiciada en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La importancia del texto radica en las acusaciones vertidas hace unos días por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Según las palabras del mandatario, hubo corrupción, fraude y malversación en el manejo de los recursos destinados para los damnificados. “Era una porquería”, dijo, antes de ofrecer castigo contra los culpables.

EL SOL DE PUEBLA revela hoy quiénes podrían ser esos servidores corruptos que malversaron el dinero de la reconstrucción.

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El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta guarda con llave y en un sitio secreto el monto de la próxima tarifa del transporte público urbano, que con base en la interpretación de sus propias palabras ya ha sido definido.

Barbosa dio a conocer que el jueves de esta semana podría anunciarse el incremento a la tarifa, pero subrayó que para que eso suceda primero tiene que estudiarse y debatirse a fondo con los transportistas el convenio que les presentará para aprobar la modificación del pasaje.

“Estuve revisando el convenio el sábado a mediodía, pero le faltaban cosas y hoy en la noche (ayer martes) tengo que terminar de hacerlo (…) espero que sea el jueves, pero ya está casi todo, eso espero, pero quiero actuar con mucho cuidado”, expuso.

El convenio del que habla Barbosa incluye el aumento y una serie de medidas que se le exigirán a los concesionarios a cambio de ese incremento.

Está claro que lo que le preocupa al gobernador es que los transportistas acepten las condiciones que les pedirá a cambio del incremento, lo cual significa que ya sabe qué tarifa autorizará.

¡Qué nervios!

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