Acostumbrados en la 4T a culpar de todo a los personajes públicos y políticos del pasado, la diputada presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Cristina Tello Rosas, no tardó en encontrar a la responsable del enorme repunte de casos de dengue que se registró en el estado, principalmente en el mes de septiembre.
Para la legisladora, la culpable es Lucía Ojeda Lara, quien se desempeñó como secretaria de Salud en el gobierno interino, ya que no tomó las medidas necesarias para controlar esa enfermedad y además mintió a los diputados, pues les presentó un informe “falso” sobre la situación sanitaria en el estado.
Según esto, la ex funcionaria reportó un avance del 100 por ciento en los trabajos de fumigación para mantener controlada la enfermedad.
“Habíamos tenido un acercamiento con la ex secretaria de Salud, la doctora Lucía Ojeda, y ella había comentado que estábamos al 100 por ciento de la fumigación y que estaba controlado, después se vino la ola de que no estaba controlado, había temas incluso de decesos por dengue que se había proliferado más en la zona de Huauchinango y Tehuacán”, expuso.
Esa práctica política de aventarle la piedra al de atrás en lugar de construir para adelante.
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El secretario de Gobernación de la administración barbosista, Fernando Manzanilla Prieto, trató de dar una explicación preliminar a la disparidad de horario que marcaron las actas de defunción de los ex gobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle con relación a la hora en que ocurrió el desplome del helicóptero.
Que los documentos expedidos por la entonces Secretaría General de Gobierno asentaran que las muertes se habían dado a las 17:25 horas, y no poco después de las 14:30 horas, como informó en su momento el gobierno federal, sirvió de pretexto para reavivar aquellas teorías que acusan irregularidades premeditadas en el proceso de reconocimiento y levantamiento de los cadáveres.
Manzanilla explicó que el Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, solo recibió los datos del Ministerio Público para elaborar las actas de defunción.
Probablemente, agregó, la dependencia recibió los datos del Ministerio Público, que a su vez habría colocado la hora en que realizó la diligencia.
“Me decían que fue cuando el MP levantó finalmente los datos de ahí elaboraron las actas, supongo que se trató de eso, la respuesta técnica todavía no la tenemos (...) la Secretaría General de Gobierno no hace más que recibir los datos y registrarlos”, indicó.
Eso podría aclarar el desfase de tres horas.
Como sea, se requiere la “respuesta técnica” de la que habló, para despejar todas las dudas.
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Ayer llegó hasta las audiencias públicas del gobernador Luis Miguel Barbosa un problema que tendría que haber acabado hace años, cuando trascendieron los fraudes y robos que se cometen desde las denominadas cajas de ahorro en contra de sus clientes.
Las estafas no han terminado. Las cajas de ahorro “Impulso de Oriente” y “Casa San Martín” defraudaron a más de cuatro mil familiares de migrantes en la zona de Libres-Oriental, que ahí guardaban parte de las remesas que recibían desde Estados Unidos.
Los afectados, que pidieron el apoyo del gobernador, narraron que guardaban ahorros de entre 100 mil y 4.5 millones de pesos, por lo que se presume un nuevo gran fraude.
Un problema que se repite.
