/ miércoles 9 de octubre de 2019

En Punto

La inversión de recursos públicos en herramientas que atiendan la alerta de género y combatan la comisión de delitos en contra de las mujeres, principalmente feminicidios, no ha dado los resultados deseados.

De abril a agosto, es decir, desde el primer mes con vigencia de alerta de género en 50 municipios poblanos hasta el último con datos completos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto feminicidios como casos de violencia familiar cometidos en agravio del sexo femenino, no ha habido ninguna disminución.

Por el contrario, la incidencia se incrementó.

Mientras el gobierno del estado erogó más de 12 millones de pesos para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se dan a partir de la declaratoria de alerta de género, los feminicidios incrementaron 19 por ciento y los casos de violencia familiar 43 por ciento en los municipios involucrados, sólo en cinco meses.

Eso puede interpretarse de diversas maneras.

Que las estrategias implementadas han sido erróneas; que el dinero, 12 millones de pesos, ha sido poco, insuficiente, o que se requerirán muchas medidas adicionales más a la alerta de género para cumplir con el objetivo principal: sacar a las mujeres de la espiral de violencia y maltrato en que se encuentran en la actualidad.

Las autoridades competentes, el nuevo gobierno, tendrá que hacer la reflexión y actuar en consecuencia.

***

El gobierno federal hizo una presentación de los avances de la investigación de aeronáutica civil acerca de la caída del helicóptero en que murieron Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, pero no expuso datos concluyentes.

Lo relevante fue el compromiso asumido.

El secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú afirmó que el 25 de este mes se rendirá un informe de hechos y que en noviembre se emitirá el informe final, que incluirá las causas del desplome.

¿Será?

Fuera de posiciones extremistas vinculadas a intereses político-partidistas, los poblanos necesitan una explicación clara y contundente sobre lo sucedido esa tarde de 24 de diciembre.

La muerte de una gobernadora en funciones y de su esposo el ex gobernador, después de una larga disputa poselectoral que terminó por dirimirse en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene que ser despojada de mitos y leyendas, de especulaciones.

De ahí la relevancia del informe definitivo, ese que, según el funcionario federal, revelará las causas del siniestro.

Que así sea.

La inversión de recursos públicos en herramientas que atiendan la alerta de género y combatan la comisión de delitos en contra de las mujeres, principalmente feminicidios, no ha dado los resultados deseados.

De abril a agosto, es decir, desde el primer mes con vigencia de alerta de género en 50 municipios poblanos hasta el último con datos completos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto feminicidios como casos de violencia familiar cometidos en agravio del sexo femenino, no ha habido ninguna disminución.

Por el contrario, la incidencia se incrementó.

Mientras el gobierno del estado erogó más de 12 millones de pesos para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se dan a partir de la declaratoria de alerta de género, los feminicidios incrementaron 19 por ciento y los casos de violencia familiar 43 por ciento en los municipios involucrados, sólo en cinco meses.

Eso puede interpretarse de diversas maneras.

Que las estrategias implementadas han sido erróneas; que el dinero, 12 millones de pesos, ha sido poco, insuficiente, o que se requerirán muchas medidas adicionales más a la alerta de género para cumplir con el objetivo principal: sacar a las mujeres de la espiral de violencia y maltrato en que se encuentran en la actualidad.

Las autoridades competentes, el nuevo gobierno, tendrá que hacer la reflexión y actuar en consecuencia.

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El gobierno federal hizo una presentación de los avances de la investigación de aeronáutica civil acerca de la caída del helicóptero en que murieron Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, pero no expuso datos concluyentes.

Lo relevante fue el compromiso asumido.

El secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú afirmó que el 25 de este mes se rendirá un informe de hechos y que en noviembre se emitirá el informe final, que incluirá las causas del desplome.

¿Será?

Fuera de posiciones extremistas vinculadas a intereses político-partidistas, los poblanos necesitan una explicación clara y contundente sobre lo sucedido esa tarde de 24 de diciembre.

La muerte de una gobernadora en funciones y de su esposo el ex gobernador, después de una larga disputa poselectoral que terminó por dirimirse en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene que ser despojada de mitos y leyendas, de especulaciones.

De ahí la relevancia del informe definitivo, ese que, según el funcionario federal, revelará las causas del siniestro.

Que así sea.

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