Muy oportunistas se vieron los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), así como los diputados de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado; y del PT, José Juan Espinosa Torres, quienes se quisieron colgar la medalla de la revocación del aumento del pasaje para estudiantes, que anunció este miércoles el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Todos, absolutamente todos, pregonaron en redes sociales y a través de comunicados de prensa que gracias a la presión social que hicieron fue como se logró que los estudiantes no paguen el aumento de 2.50 pesos que autorizó el gobierno estatal y que aplica desde el pasado sábado 12 de octubre.
Si bien es cierto que todos sugirieron que se analizara descuentos para este sector, su demanda principal fue condicionar y hasta frenar el aumento de precio hasta que los concesionarios cumplieran con la mejora del servicio y nuevas medidas de seguridad, cosa que hasta el momento no se ha hecho, pues el aumento está vigente y las unidades operando en las mismas condiciones.
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Una buena y una mala noticia dejó la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) para la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.
La buena es que la percepción de inseguridad entre los poblanos de la capital, aunque no lo crea, bajó 1.8 por ciento durante su primer año de gobierno, al pasar de 84.9 por ciento de personas que dijeron sentirse inseguras en septiembre de 2018 a 83.1 por ciento en el mismo mes de este año.
La mala noticia radica en que son cada vez más los poblanos que consideran ineficiente a la Policía Municipal, lo que pone en duda el desempeño de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, María de Lourdes Rosales Martínez.
Hace unos meses la funcionaria estaba en la mira de ser despedida cuando el gobernador, Luis Miguel Barbosa, entre líneas, sugirió evaluar su permanencia, sin embargo, Rosales salvó el cargo por la intervención de la alcaldesa.
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La declaración del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, sobre las investigaciones contra exfuncionarios morenovallistas por lavado de dinero dejó un mensaje muy claro: la cacería va en serio.
Y va en serio porque es la primera vez que un funcionario del gobierno federal reconoce que hay investigaciones en contra de administraciones anteriores, lo que significa que desde “arriba” están enterados de los procedimientos.
Por cuidar el sigilo de la investigación, Santiago Nieto evitó revelar nombres de los funcionarios involucrados en esta investigación, aunque hace unos días el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, soltó una lista de nueve nombres para que sean investigados por la Fiscalía Anticorrupción, por posibles irregularidades en sus gestiones. ¿Habrá alguna relación?
