Será que el senador Alejandro Armenta Mier se siente paranoico o se ha dado cuenta de algo que no quiso ventilar de manera abierta sobre la aparente continuación de actos de espionaje con equipos adquiridos durante la administración del finado Rafael Moreno Valle Rosas.
En conferencia de prensa, el expriista fue directo a la hora de dirigir sus señalamientos hacia el gobierno del estado que estaría espiando a funcionarios públicos federales.
“En términos jurídicos hay presunción de que siguen operando en Puebla y queremos que eso se termine y también les decía que es necesario que se termine la persecución que se arraigó desde el gobierno del PAN”, comentó.
Armenta no particularizó en datos que hicieran sustentar su supuesto y se limitó a anunciar que esta semana presentará una solicitud a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para que investigue el destino del equipo de espionaje que fue comprado por el gobierno de Puebla.
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La limpieza de todo lo que huela a morenovallismo comenzó a tomar forma en el gobierno de Luis Miguel Barbosa y ha dado un paso que va más allá del retiro de colores de inmuebles u obra pública.
El día de ayer se concretó lo que el propio mandatario adelantó a mediados de septiembre pasado sobre, al menos, 22 notarías que fueron entregadas de manera irregular.
“Quiero decirles que esperen lo peor los notarios, por lo menos 22 notarías están bailando, por lo menos las patentes están bajo revisión (…) vamos a ver lo que decida yo porque me están preparando los expedientes, pero sí hay serias irregularidades”, adelantó el pasado 12 de septiembre.
Barbosa encargó a su consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, que analice caso por caso y emprenda las acciones jurídicas conducentes pero mientras ello ocurre, desde ayer les fueron suspendidas sus facultades de notarios a los implicados en las irregularidades.
La guillotina está lista.
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Algo tendrá que explicar la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco a los regidores de su partido que acusan la existencia de nepotismo dentro de su administración.
Con aquello de que asegura que en su administración puede haber errores técnicos pero no éticos, la alcaldesa deberá de tener una postura sobre los señalamientos hacia su secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano, a quien acusan de tener familiares trabajando en el ayuntamiento.
Los señalamientos hacia Román Romano van dirigidos hacia su hermana Jaqueline Román Romano en el departamento de Gestión Vial en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, y a otro familiar de nombre Benigno Román Romano, que está al frente del DIF municipal.
