El priismo local sufrió un duro golpe con la detención de Juan Carlos Lastiri Quirós en su natal Zacatlán, donde se mantenía apartado de la vida política desde hace más de un año.
La orden de aprehensión que se ejecutó en su contra podría estar vinculada a su paso como subsecretario primero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y luego en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en ambos casos bajos las ordenes de Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra recluida desde el mes de agosto.
Y cómo estarán en el PRI local de convencidos con la inocencia de quien fuera su dirigente en el Estado que en el Comité Directivo Estatal no hubo una defensa.
Tampoco la hubo del secretario de Acción Electoral del PRI nacional, Javier Casique Zárate, quien se limitó a pedir un proceso apegado a derecho.
“Debe ser un proceso siempre apegado a derecho, respetando las garantías, a su persona y a sus derechos humanos y dejar muy claro que no debe de haber este tipo de detenciones, que no hay una certidumbre de quién lo está realizando y cuál es el motivo. Hubo minutos que había la zozobra de la familia, de parte de sus amigos, yo creo que tiene que ser un proceso apegado a derecho”, dijo sin personalizar una defensa.
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El martes por la noche la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN confirmó a Jesús Zaldívar Benavides como dirigente electo del partido en el municipio de Puebla, después de que desechó el juicio de inconformidad que presentó su adversario y aspirante a la presidencia del Comité Directivo Municipal, Eduardo Alcántara Montiel.
Zaldívar Benavides ganó con mil 294 votos, por encima de los mil 96 que obtuvo Alcántara Montiel en la Asamblea Municipal del pasado 25 de agosto.
Aunque el organismo interno de Acción Nacional consideró infundados e improcedentes los agravios que denunció Alcántara Montiel, entre los que destaca la presunta extracción de boletas marcadas a su favor y que fueron encontradas en el baño de un Italian Coffee, no descarte que antes del viernes este último realice la debida impugnación.
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Una vez que se publicaron los lineamientos de seguridad para el transporte público en el Periódico Oficial del estado concesionarios del transporte público comenzaron a cuestionar la viabilidad del monitoreo en tiempo real de tantas unidades, así como a quejarse por las inversiones que deberán hacer de entre 25 mil y 50 mil pesos.
Quienes ya cuentan con sistemas para vigilar que sus unidades cumplan con los trayectos y tiempos consideran que ya es complejo estar al pendiente de unas 20 o 30 unidades, será una locura eque se estén revisando de manera simultánea todo el transporte público.
Y como es de esperarse, se duelen por lo que deben invertir cuando hubo un revés parcial con el no incremento del transporte para estudiantes.
