Un problema que ha escalado frente a las narices de varias administraciones estatales es el de la operación de taxis pirata sobre el Periférico.
Ante la ineficacia de las autoridades públicas para meter orden ahí, ya sea para sacarlos de circulación o de plano formalizarlos y darles permiso para circular, bajo la debida reglamentación, vivales presuntamente adheridos a Antorcha Campesina y la 28 de Octubre pretenden cobrarles ahora una cuota para dejarles “trabajar”.
Así lo narra la reportera Alba Espejel en una investigación que publica este día EL SOL DE PUEBLA:
“La mañana de este 7 de noviembre un grupo que supuestamente pertenece a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre y Antorcha Campesina, negaron a los dueños de taxis piratas circular en el periférico ecológico, y los condicionaron con una cuota de trabajo y la afiliación a su organización para poder trabajar.”
Pero no todo quedó en amenaza:
“Los conductores que se negaron, fueron retirados de circulación y en su lugar llegaron ‘conductores de confianza’ de la organización.”
¿Qué le parece?
Frente al desgobierno, ahora antorchistas y veintiocheros dirán quién circula y quién no sobre el Periférico, además de que cobrarán una módica cuota para ello.
Al rato irán a la Vía Atlixcáyotl y cuando menos lo esperemos estarán en el centro haciendo lo mismo.
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Félix Cerezo Vélez emitió sus primeras declaraciones como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y fue claro en reconocer que lega cuestionado por un sector de los diputados opositores a Morena y sus partidos aliados.
En medio del rechazo de los legisladores del PAN, así como de dos más que fueron postulados por la coalición Juntos Haremos Historia, José Juan Espinosa Torres y Héctor Alonso Granados, el nuevo ombudsman estatal rechazó que vaya a convertirse en protector de los intereses del gobierno del estado y Morena.
Negó ser producto de una imposición y dijo que el organismo que ahora preside no se convertirá en una oficialía de partes de la administración barbosista.
“Si hay violación a los derechos humanos se emitirá lo que se tenga que emitir, no será una oficialía de partes. Yo soy un experto de que la tramitación y resolución de expedientes se van a hacer breves. Cuando se tenga que actuar de oficio vamos a actuar de oficio, no se va a tratar de proteger a nadie”, expuso.
Sabe que las miradas críticas estarán sobre su persona.
Eso es ganancia.
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A propósito de garantías individuales.
Un diagnóstico sobre condiciones penitenciarias en el país, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pone en muy mal lugar al estado de Puebla.
Las 12 cárceles de la entidad obtuvieron 6.03 de calificación, la más baja en 14 años, lo que evidencia que los centros penitenciarios poblanos no garantizan la integridad personal y una estancia digna de los internos.
La calificación menos mala la obtuvo el penal de Puebla, que se ubica en San Miguel, con 6.69 puntos, mientras que la peor fue para el centro penitenciario de Tecamachalco, que logró apenas 4.73.
Una dura tarea y un enorme reto para las autoridades entrantes:
Otorgar condiciones de vida digna para los reclusos del estado.
