Al menos en el año que viene nada podrá hacer el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta en contra de los tres Proyectos de Prestación de Servicios que fueron contratados desde el gobierno de Rafael Moreno Valle, como lo demuestra el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 enviado al Congreso por el propio Ejecutivo.
En el documento, Barbosa le asigna una partida de poco más de mil 347 millones de pesos al pago de los compromisos heredados por la construcción y operación de tres de los inmuebles desarrollados en el morenovallismo.
A saber: el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional del Barroco y las plataformas de la empresa armadora de autos Audi, localizada en San José Chiapa.
La cifra es prácticamente igual a la que se dispuso este año, lo que significa que no habrá ninguna reducción y mucho menos cancelación de esos compromisos económicos, como se creyó que ocurriría una vez que el entonces candidato de Morena asumiera el poder.
Eso confirma que no ha sido fácil traducir el discurso de campaña en hechos reales.
Desde la primera campaña, en 2018, Morena y sus partidos aliados criticaron el endeudamiento de las finanzas públicas a través de los PPS y afirmó que revisaría los contratos para tratar de revertirlos o hacerlos menos onerosos para el estado.
Eso no pasará, al menos no en 2020.
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Como se anticipó en esta misma columna, la suspensión presuntamente temporal del programa que pretende instalar parquímetros en la ciudad de Puebla será definitiva, debido al titubeo de las autoridades capitalinas para actuar en función de lo que se necesita y no de lo que algunas personas dicen que se necesita.
Un ejemplo de ello lo dio este fin de semana la regidora Rosa Márquez Cabrera, de Morena, quien ahora sugiere que se realice una consulta ciudadana no solo para definir si se instalan o no los parquímetros, sino también si se implementa la fotomulta en las calles de la ciudad.
Ante una hipotética consulta de ese tipo, ¿quién respondería estar dispuesto a pagar por estacionarse en la vía pública o después de sobrepasar los límites de velocidad, aunque estas fuesen medidas tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad?
Por supuesto que nadie.
La consulta, entonces, estaría condenada al fracaso para quienes esperaban el empleo de los parquímetros.
A menos, claro, que se trate de una de esas consultas al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde él hace lo necesario para que se dé el resultado que espera y desea.
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El gobernador Barbosa dejó muy ilusionados el viernes a los habitantes de San Miguel Canoa, después de que les reiteró que hará todo lo legalmente necesario para hacer de esa junta auxiliar el municipio número 218 del estado.
No obstante, con todo y las buenas intenciones, el proceso para hacer esa conversión será un poco largo y requerirá al menos de un año para verse concretada.
Un simple detalle obliga a la espera.
Los habitantes de Canoa deben comprobar que la junta cuenta con más de 25 mil habitantes, y para hacerlo tendrán que recurrir al próximo censo poblacional, que se conocerá en noviembre de 2020.
Paciencia.
Lo principal ya está, que es la voluntad política.
