/ viernes 10 de enero de 2020

En Punto

En respuesta al escaso avance mostrado por los transportistas en la instalación de equipo de seguridad y el mejoramiento de las unidades, y ante el próximo vencimiento otorgado por su administración para que lo hagan, el gobernador Luis Miguel Barbosa ha advertido que no habrá prórroga para el cumplimiento de los compromisos.

Advirtió desde ahora, a un mes de distancia del plazo establecido, los vehículos que no cumplan con lo que se les pidió a través del secretario Guillermo Aréchiga Santamaría, titular de Movilidad y Transporte, serán enviados al corralón.

Incluso adelantó que pronto, sin decir cuándo, su gobierno publicará un nuevo reglamento en materia de transporte para que se pueda ser más puntual en las obligaciones de mejora que tendrán que cubrir los concesionarios.

La advertencia suena bien y es lo menos que se le puede pedir a la autoridad estatal, que haga que se cumplan los compromisos por los cuales se es autorizó una nueva tarifa a los dueños de las unidades.

No obstante, puede preverse el arribo de un gran problema.

Hoy está claro que los transportistas no cumplirán.

Si no lo hicieron en tres meses, desde el “tarifazo”, menos lo harán en uno.

¿En qué corralones entrarán tantos vehículos incumplidos?

¿Cómo se cubrirá la demanda de transporte ante tanta unidad castigada?

Esas son interrogantes que ya se deben estar haciendo, al menos, en la oficina de Aréchiga.

***

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, podría comenzar a escuchar opiniones fuera de su burbuja de colaboradores.

Si no quiere hacer caso a lo que apunta el senador Alejandro Armenta Mier, por ejemplo, que esta semana expuso que el problema de algunos ayuntamientos emanados de Morena es que no saben comunicarse con los ciudadanos, bien podría atender puntos de vista de personajes y especialistas desligados de la vida político-partidista de la ciudad.

Ahí está el caso del urbanista Francisco Valverde Díaz, quien emitió consideraciones sumamente objetivas, neutrales y ajenas a cualquier interés político.

Según el especialista, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, los bolardos y macetones que han comenzado a instalarse por toda la capital tienen una clara intención de humanizar el espacio público, que hasta ahora ha sido dominado por los vehículos automotores y la transportación privada, aun cuando solo 2 de cada 10 poblanos tiene capacidad económica para adquirir un automóvil.

Es decir, para Valverde Díaz, hay buenos objetivos detrás de ese programa municipal que busca proteger a los peatones.

El problema, agrega, es que el mismo ayuntamiento ha fallado en informarle a la gente de qué se trata esta estrategia, con qué fin se ha desplegado y exactamente en qué consiste.

Ahí coincide con Armenta, quien hizo idéntico señalamiento.

***

Confirmadísimo: el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en general la 4T le ha fallado a los poblanos en la prestación de servicios de salud por la vía del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, lo que antes era el Seguro Popular.

Pacientes de los hospitales de Puebla operados por ese instituto ratificaron la existencia de una crisis en los nosocomios por la falta de medicamento y equipo médico, incluso del material básico de curación como gasas, guantes, jeringas, tapaboca y soluciones salinas.

Es decir, además de que los usuarios tienen que pagar ahora por servicios que en el pasado eran gratuitos y de que en muchos casos no reciben atención, también sufren por la falta de medicinas e insumos de primera necesidad.

Esa no fue la transformación prometida.

En respuesta al escaso avance mostrado por los transportistas en la instalación de equipo de seguridad y el mejoramiento de las unidades, y ante el próximo vencimiento otorgado por su administración para que lo hagan, el gobernador Luis Miguel Barbosa ha advertido que no habrá prórroga para el cumplimiento de los compromisos.

Advirtió desde ahora, a un mes de distancia del plazo establecido, los vehículos que no cumplan con lo que se les pidió a través del secretario Guillermo Aréchiga Santamaría, titular de Movilidad y Transporte, serán enviados al corralón.

Incluso adelantó que pronto, sin decir cuándo, su gobierno publicará un nuevo reglamento en materia de transporte para que se pueda ser más puntual en las obligaciones de mejora que tendrán que cubrir los concesionarios.

La advertencia suena bien y es lo menos que se le puede pedir a la autoridad estatal, que haga que se cumplan los compromisos por los cuales se es autorizó una nueva tarifa a los dueños de las unidades.

No obstante, puede preverse el arribo de un gran problema.

Hoy está claro que los transportistas no cumplirán.

Si no lo hicieron en tres meses, desde el “tarifazo”, menos lo harán en uno.

¿En qué corralones entrarán tantos vehículos incumplidos?

¿Cómo se cubrirá la demanda de transporte ante tanta unidad castigada?

Esas son interrogantes que ya se deben estar haciendo, al menos, en la oficina de Aréchiga.

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La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, podría comenzar a escuchar opiniones fuera de su burbuja de colaboradores.

Si no quiere hacer caso a lo que apunta el senador Alejandro Armenta Mier, por ejemplo, que esta semana expuso que el problema de algunos ayuntamientos emanados de Morena es que no saben comunicarse con los ciudadanos, bien podría atender puntos de vista de personajes y especialistas desligados de la vida político-partidista de la ciudad.

Ahí está el caso del urbanista Francisco Valverde Díaz, quien emitió consideraciones sumamente objetivas, neutrales y ajenas a cualquier interés político.

Según el especialista, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, los bolardos y macetones que han comenzado a instalarse por toda la capital tienen una clara intención de humanizar el espacio público, que hasta ahora ha sido dominado por los vehículos automotores y la transportación privada, aun cuando solo 2 de cada 10 poblanos tiene capacidad económica para adquirir un automóvil.

Es decir, para Valverde Díaz, hay buenos objetivos detrás de ese programa municipal que busca proteger a los peatones.

El problema, agrega, es que el mismo ayuntamiento ha fallado en informarle a la gente de qué se trata esta estrategia, con qué fin se ha desplegado y exactamente en qué consiste.

Ahí coincide con Armenta, quien hizo idéntico señalamiento.

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Confirmadísimo: el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en general la 4T le ha fallado a los poblanos en la prestación de servicios de salud por la vía del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, lo que antes era el Seguro Popular.

Pacientes de los hospitales de Puebla operados por ese instituto ratificaron la existencia de una crisis en los nosocomios por la falta de medicamento y equipo médico, incluso del material básico de curación como gasas, guantes, jeringas, tapaboca y soluciones salinas.

Es decir, además de que los usuarios tienen que pagar ahora por servicios que en el pasado eran gratuitos y de que en muchos casos no reciben atención, también sufren por la falta de medicinas e insumos de primera necesidad.

Esa no fue la transformación prometida.

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