Muy poco se sabe de él, pero es hora de que el secretario de Trabajo de la administración estatal, Abelardo Cuéllar Delgado, comience a dar los resultados que de él espera no solo su jefe, el gobernador Luis Miguel Barbosa, sino todas las personas que forman parte del sector laboral en la entidad.
El año que terminó fue uno de los peores de los que se tienen registro en generación de nuevos empleos en la entidad.
De 2018 a 2019, el descenso en creación de nuevos puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 58 por ciento, lo que debe significar un signo de alerta y de preocupación para las autoridades del estado, entre ellas las laborales, como la que representa Cuéllar Delgado.
De los 12 meses del año, cinco ya correspondieron al gobierno de Barbosa, por lo que el ex abogado de trabajadores despedidos tanto del gobierno del estado como de la BUAP no puede decir que a él no le toca su parte de responsabilidad en los magros números que registró Puebla en materia de empleo.
La inversión privada es el motor de los empleos, pero también lo es un marco normativo y un clima de bienestar que se promueve y genera a partir de políticas públicas bien pensadas e instrumentadas.
Ahí es donde aparece el nombre de Abelardo Cuéllar, quien tiene que mejorar su desempeño antes de convertirse en uno más de los secretarios echados por Barbosa durante su primer año de gestión.
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Si Víctor Carrancá Bourget fue nombrado fiscal general del estado en enero de 2016 para ocupar ese puesto por un periodo de siete años, que concluiría en enero de 2023, lo normal sería que su relevo o sustituto fuese designado para terminar la gestión y nada más.
Es decir, el próximo fiscal tendría que arribar a concluir el periodo para el que fue designado Carrancá, que presentó su renuncia hace unas semanas, y no para comenzar un nuevo lapso, completito, de siete años.
Pues es probable que no sea así.
Gracias a esas vueltas legales que permite el ejercicio del poder, y a que los morenistas tienen ahora el control de las instituciones públicas en lugar de los panistas, el siguiente titular de la Fiscalía General del Estado podría no rendir protesta solo para permanecer en el cargo tres años, sino siete.
La convocatoria para seleccionar al nuevo fiscal ha sido publicada este jueves, y aunque en ella no se incluye el tiempo que permanecería en el cargo el nuevo fiscal, se sabe que existe el interés de los diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia para dejarlo sete años.
El análisis jurídico está en marcha.
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El fantasma de la redefinición de límites territoriales entre Puebla y San Andrés Cholula volvió a aparecerse en el Congreso del Estado.
La diputada Tonantzin Fernández Díaz pasó de los dichos a los hechos.
Promovió un punto de acuerdo para determinar nuevos límites territoriales entre esos municipios, lo que implicaría dejar sin efecto el decreto aprobado en 2013 por el Poder Legislativo, bajo el auspicio y la supervisión de los intereses morenovallistas.
Según la diputada, su interés responde a las quejas de organizaciones civiles, que reprochan el hecho de que el pago de servicios públicos sea más caro en Puebla que en San Andrés.
Tonatzin Fernández es emanada de Morena, lo que obliga a poner atención en este asunto, puesto que su actuación podría, solo podría, venir dirigida desde Casa Aguayo.
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