/ jueves 23 de enero de 2020

En Punto

Parece que la Auditoría Superior del Estado mintió cuando dio a conocer a través de la red social Twitter que cerraba la revisión preventiva 2019 en contra de la BUAP por la negativa de la Tesorería de esa institución a entregar información.

“Ante la negativa por parte de la Tesorería de la @BUAPoficial de entregar información, se ha cerrado la Revisión Preventiva 2019 el día 20 de enero del año en curso”, informó el organismo que encabeza Francisco José Romero Serrano.

Lo que hizo el auditor fue ocultar la verdadera razón que lo había obligado a dar por terminada la revisión, y que en realidad tuvo que ver con el incumplimiento de los plazos establecidos en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que norma cada movimiento dentro de la actuación de la ASE.

El artículo XIX de esa ley define como Revisión preventiva “aquella que se lleva a cabo durante el ejercicio fiscal en curso, en términos de lo dispuesto en esta ley”.

El ordenamiento fue violado cuando la revisión preventiva rebasó los límites del ejercicio fiscal en curso, puesto que, según el tuit del organismo fiscalizador, seguía realizándose hasta el 20 de enero del año en curso, cuando el ejercicio fiscal había concluido el 31 de diciembre de 2019.

Independientemente de lo que haya hecho la Tesorería para permitir o impedir las investigaciones, estas dejaron de tener cualquier efecto legal a partir del primer día de enero 2020.

Por eso el diputado local de Morena y presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, anunció enseguida que la fiscalización a la BUAP continuaría, pero ahora a través de la auditoría ordinaria.

***

¿Habrán cuidado las formas todos aquellos servidores públicos que, en horario laboral, estuvieron presentes en el evento del senador morenista Ricardo Monreal Ávila?

El legislador federal no encabezó un acto de gobierno, sino la presentación de un libro de su autoría que se convirtió en un acontecimiento político en el contexto de sus aspiraciones personales para buscar la presidencia de México en el 2024, una vez que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Monreal Ávila presentó su libro en el Museo de Arte Virreinal (antes Cancha de San Pedro) en punto de las 11:00 horas.

Y ahí estuvieron, entre otros, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, acompañado de la mayoría de los integrantes de su gabinete, así como la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

¿Habrán cuidado las formas?

Seguramente sí.

Seguramente todos pidieron permiso formal para ausentarse de sus funciones por el tiempo que estuvieron con el senador presidenciable y para que se les descontara la parte proporcional de su sueldo.

Porque esas prácticas del pasado en que los funcionarios hacían lo que querían se ha terminado.

¿O no?

***

Guillermo Aréchiga Santamaría es claro.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte ha dicho que no habrá prórroga para los concesionarios del transporte público.

Eso significa que, a partir de la segunda quincena de febrero, todas las unidades del transporte, o por lo menos las que circulan en el municipio de Puebla y la zona conurbada, tendrán que presentar mejoras en sus condiciones generales y usar equipos de seguridad para proteger a los pasajeros ante eventuales hechos delictivos.

La promesa del gobierno del estado, a través de la secretaría de Aréchiga, sigue vigente.

Parece que la Auditoría Superior del Estado mintió cuando dio a conocer a través de la red social Twitter que cerraba la revisión preventiva 2019 en contra de la BUAP por la negativa de la Tesorería de esa institución a entregar información.

“Ante la negativa por parte de la Tesorería de la @BUAPoficial de entregar información, se ha cerrado la Revisión Preventiva 2019 el día 20 de enero del año en curso”, informó el organismo que encabeza Francisco José Romero Serrano.

Lo que hizo el auditor fue ocultar la verdadera razón que lo había obligado a dar por terminada la revisión, y que en realidad tuvo que ver con el incumplimiento de los plazos establecidos en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que norma cada movimiento dentro de la actuación de la ASE.

El artículo XIX de esa ley define como Revisión preventiva “aquella que se lleva a cabo durante el ejercicio fiscal en curso, en términos de lo dispuesto en esta ley”.

El ordenamiento fue violado cuando la revisión preventiva rebasó los límites del ejercicio fiscal en curso, puesto que, según el tuit del organismo fiscalizador, seguía realizándose hasta el 20 de enero del año en curso, cuando el ejercicio fiscal había concluido el 31 de diciembre de 2019.

Independientemente de lo que haya hecho la Tesorería para permitir o impedir las investigaciones, estas dejaron de tener cualquier efecto legal a partir del primer día de enero 2020.

Por eso el diputado local de Morena y presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, anunció enseguida que la fiscalización a la BUAP continuaría, pero ahora a través de la auditoría ordinaria.

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¿Habrán cuidado las formas todos aquellos servidores públicos que, en horario laboral, estuvieron presentes en el evento del senador morenista Ricardo Monreal Ávila?

El legislador federal no encabezó un acto de gobierno, sino la presentación de un libro de su autoría que se convirtió en un acontecimiento político en el contexto de sus aspiraciones personales para buscar la presidencia de México en el 2024, una vez que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Monreal Ávila presentó su libro en el Museo de Arte Virreinal (antes Cancha de San Pedro) en punto de las 11:00 horas.

Y ahí estuvieron, entre otros, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, acompañado de la mayoría de los integrantes de su gabinete, así como la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

¿Habrán cuidado las formas?

Seguramente sí.

Seguramente todos pidieron permiso formal para ausentarse de sus funciones por el tiempo que estuvieron con el senador presidenciable y para que se les descontara la parte proporcional de su sueldo.

Porque esas prácticas del pasado en que los funcionarios hacían lo que querían se ha terminado.

¿O no?

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Guillermo Aréchiga Santamaría es claro.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte ha dicho que no habrá prórroga para los concesionarios del transporte público.

Eso significa que, a partir de la segunda quincena de febrero, todas las unidades del transporte, o por lo menos las que circulan en el municipio de Puebla y la zona conurbada, tendrán que presentar mejoras en sus condiciones generales y usar equipos de seguridad para proteger a los pasajeros ante eventuales hechos delictivos.

La promesa del gobierno del estado, a través de la secretaría de Aréchiga, sigue vigente.

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