Si la reunión del fin de semana entre el gobernador Luis Miguel Barbosa y la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, iba a servir para resolver malos entendidos y limar asperezas, además de esbozar una suerte de plan para combatir la inseguridad en la capital del estado, a los regidores del G7 no les han informado de los resultados de esa larga plática.
Este lunes, como si el mandatario y la alcaldesa no se hubiesen sentado a platicar, o como si no hubiesen llegado a ningún acuerdo concreto de pacificación y colaboración mutua, cuatro de los regidores identificados como barbosistas ofrecieron su tradicional conferencia de prensa para realizar sus ya también tradicionales críticas en contra de la presidenta municipal.
Los integrantes del Cabildo revelaron que el Ayuntamiento de Puebla, el de Rivera Vivanco, ha acumulado 19 denuncias por acoso sexual, discriminación, violencia, así como hostigamiento laboral, sin que la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Catalina Pérez Osorio, haya hecho algo al respecto.
La rueda de prensa fue para acusar a la Comuna no solo de permitir presuntas acciones de acoso entre los trabajadores, sino de encubrirlas, dilatando investigaciones que no llegan a ningún lado.
De paso, por supuesto, condenaron que la reunión de la edil con Barbosa se diera hasta apenas, culpándola a ella por no haberlo realizado antes.
Lo dicho: si entre Rivera Vivanco y Miguel Barbosa hay ahora buena camaradería, que les avisen a los regidores.
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Y claro, estos agudos regidores del G7 (antes G5) que condenaron a Rivera Vivanco por un subejercicio de mil 300 millones de pesos, no se atrevieron a hacer lo mismo con el gobernador, su jefe.
Si la administración estatal llegó a fin de año con un sobrante de 2 mil 92 millones de pesos, como revela el propio Estado Analítico del Presupuesto de Egresos, publicado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, fue, según los regidores, porque la situación política del estado fue diferente a la del municipio de Puebla y porque Luis Miguel Barbosa enfrentó más complicaciones.
“Hay que ver las proporciones, y lo que representa, porque no es lo mismo el gobierno del estado que el municipio, pero más allá lo que se tiene que tomar en cuenta son las condiciones que tuvieron el año pasado, la verdad fue muy complicado pasar el proceso electoral, que no se tenía previsto, después el interinato y después la articulación del nuevo gobierno. Entonces no es fácil”, argumentó Rosa Márquez Cabrera.
En efecto, no es lo mismo.
Una es edil de Puebla y pertenece a otro grupo dentro de Morena y otro es el mandatario estatal y aliado de aquellos.
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El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, parece ir en serio en contra de la operación de las unidades pirata en el estado, ya sean microbuses, combis, camiones, taxis e incluso mototaxis.
Además de confirmar el incremento de las multas en contra de aquellas personas que incurran en el delito del pirataje, anunció que en el Congreso del Estado se prepara una reforma al código penal del estado para aplicar penas de hasta seis años de prisión por prestar el servicio de transporte de manera irregular, sin la autorización ni los vehículos permitidos para ello.
“Van sanciones económicas, cancelación de la licencia a quien se encuentre en esta condición, va aplicar la cancelación del tarjetón y pena corporal (desde ocho meses hasta seis años). Tendrá que analizarse por el Congreso”, dijo el secretario.
Un buen comienzo.
