Sí, nos dijeron la verdad, pero a medias.
Como han sostenido las autoridades estatales y federales, en 2019 Puebla presentó una reducción en el robo de gasolina vía chupaductos, como lo han confirmado datos de la paraestatal Pemex que hoy da a conocer EL SOL DE PUEBLA en una investigación especial.
Pero… el descenso del huachicol no ha sido tan relevante como se ha querido hacer creer desde las esferas gubernamentales.
Mientras que en 2018 se detectaron 2 mil 72 tomas clandestinas, en 2019 se registraron mil 846.
En efecto, menos de un año para otro, justo en el primer año de la 4T como gobierno federal y en cinco meses del primer mandatario estatal emanado de ese mismo universo político, pero ¡apenas 10.9 por ciento!
Con el discurso de que en Puebla ha descendido el robo de gasolina se ha querido dar a entender que se trata de un problema superado, del que prácticamente no se deben preocuparnos los habitantes del estado.
El mensaje es falso.
El robo de hidrocarburos en la entidad, y el resto de los hechos delictivos que se desprenden de él, como homicidios, secuestros, extorsiones y más hurto, persiste.
10 por ciento es un descenso irrelevante.
Sobre todo, si se lee otra parte de la información que provee Pemex: en ese mismo año, el robo de gas LP, ahora denominado huachigas, se disparó más de mil por ciento con relación al 2018.
Nada que celebrar, pues.
Aunque desde las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa Huerta sugieran lo contrario.
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Andrés Artemio Caballero López sigue en lo suyo.
El presidente municipal suplente de Tehuacán, que ha sido ignorado por todos los personajes involucrados en la crisis de gobernabilidad que se sufre en aquel ayuntamiento, recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir que se le tome protesta como edil, en virtud de la ausencia de Felipe Patjane Martínez.
En efecto, el suplente de Patjane ya recurrió a la máxima autoridad electoral judicial para tratar de resolver lo que aquí en Puebla nadie puede, o nadie quiere, comenzando por los integrantes del Cabildo, pasando por los diputados del Congreso del Estado y concluyendo por los “responsables” de la política interna que despachan en la administración estatal, es decir, los negociadores de la Secretaría de Gobernación.
Caballero López presentó un juicio para la protección de sus derechos políticos en la Sala Regional de la Ciudad de México, instancia que recibió la denuncia y la turnó a la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.
El promotor alega “la supuesta omisión por parte de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, de dar respuesta a sus diversos escritos en los que les solicitó se le convoque a tomar protesta como Presidente Municipal sustituto”.
¿Otro problema político en ciernes para el gobierno del estado?
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Qué raro.
La mayoría de las 11 empresas autorizadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte para vender el equipo de seguridad con que deben contar cientos y cientos de unidades del transporte público a partir de esta semana, concretamente el miércoles, operan en casas particulares, sin páginas web y sin información acerca de su ubicación
Es decir, parecen auténticas compañías improvisadas.
Y eso es muy extraño.
Si la dependencia del gobierno las recomienda debieran ser empresas ya consolidadas, de máxima seriedad y prestigio.
Pero no es así.
La buena noticia, para ellas, es que pronto lo serán, después de los millones de pesos que se lleven a sus cajones gracias a la generosa “recomendación” gubernamental.
