A un día de que concluya el plazo dado por el gobierno de Luis Miguel Barbosa para la modernización y aplicación de sistemas de seguridad en el transporte público ya se puede avizorar el fracaso del programa.
Fracaso porque resulta inviable que en menos de 24 horas se haga lo que no se pudo realizar en cuatro meses. Fracaso porque en caso de que la dependencia tenga el capital humano para hacer esos pases de revista y sacar de circulación a las unidades infractoras, quienes perderán en movilidad son los poblanos.
Tomemos como ejemplo el caso de la delegación de Tepeaca donde Luis Alberto Segura Sánchez, delegado regional, se aventuró a establecer que el avance de cumplimiento en esa zona es de apenas el 40 por ciento.
Cómo le van a hacer los transportistas para acelerar la colocación de cámaras o reparar las deficiencias a sus unidades en un día. Pero ¿y si no lo hacen? Con qué capital humano cuenta la Secretaría de Guillermo Aréchiga para detectar en el corto plazo a los microbuses incumplidos
Y de qué manera se subsanaría el retiro de circulación del 60 por ciento del transporte público habitual. ¿los taxis piratas?
Seguramente la autoridad se sacará de la manga que aquellos concesionarios que cuenten con cartas compromiso de instalar los sistemas de video vigilancia habrán cumplido con la medida y serán perdonados del retiro de su permiso.
En cuento a la modernización de las unidades, resulta evidente que las acciones son meramente de maquillaje puesto que la mejora de unidades también se quedó en el discurso y si no juzgue las fotografías que hoy le presentamos en nuestra edición impresa donde se aprecian unas auténticas chatarras en movimiento.
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Para colmo de los colmos, dada la sensible situación por la que atraviesa el sistema público de salud y, en particular, la crisis por la escasez de medicamentos para la realización de quimioterapias en el Hospital del Niño Poblano, ayer en las bodegas de ese nosocomio se registró un aparatoso incendio.
Por supuesto que lo importante es que no hubo pérdida de vidas que lamentar, pero no resulta menor que entre los muebles hospitalarios y las toneladas de papelería que consumió el fuego se encuentren expedientes médicos.
Si en su comunicado, la Secretaría de Salud no habló de archivo muerto, esto quiere decir que se trata de documentos vigentes, de pacientes actuales que se verán afectados en el seguimiento de sus tratamientos o que de existir algún procedimiento de negligencia no tendrán manera de obtener copia del seguimiento clínico.
Habremos de esperar a ver si a las habituales inconformidades se suma la de la calcinación de los expedientes de los pequeños que son atendidos en este hospital. Fueron tres toneladas de papelería la que se consumió.
Mientras tanto a esperar a ver el dictamen de la causa que originó el siniestro: algo provocado, un descuido o falta de mantenimiento.
