Borrando todo es como se solucionan los problemas de presunta corrupción en la 4T.
O, mejor dicho, así es como creen que se solucionan los problemas.
Este comportamiento, que ha resultado un patrón de conducta en las administraciones emanadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), puede aplicarse en Puebla, y en concreto al anuncio que este jueves hiciera el secretario de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo, sobre la inminente desaparición del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
En su comparecencia ante los diputados del Congreso del Estado, el servidor público confirmó lo que ya había trascendido, que en los próximos meses se concretará la extinción del Capcee, lo que se derivará de las irregularidades encontradas en el organismo públicos descentralizado, que incluso podrían desembocar en sanciones para los anteriores titulares.
En sustitución del organismo se creará una Dirección de Infraestructura Educativa, que dependerá de la secretaría a su cargo.
La reacción ante las “irregularidades” encontradas es la misma que ha llevado a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el gobierno federal: “Si no funciona, quítenlo, e invéntense algo igual, pero con un nuevo nombre”.
Como si la sola mutación de una cosa a otra, con idénticas funciones, resolviera los problemas de fondo.
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La terna de finalistas para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado llegó al Poder Legislativo y en ella va incluido el actual encargado de despacho y virtual ganador de la competencia, Gilberto Higuera Bernal.
A partir de ahora viene un periodo de 10 días para que los diputados escuchen la propuesta de trabajo de cada uno de ellos, los otros dos son Guadalupe González Vargas y Maricela Pichón Acevedo, y le hagan al cuento para simular que hubo democracia en la selección del candidato ganador, para después ponerlo en la Fiscalía por los siguientes siete años.
El caso de Higuera Bernal es singular.
Una vez formalizada su designación, habrá sido el funcionario morenovallista de más alto rango que habrá trascendido por cinco administraciones distintas, aunque en la mayoría de ellas, hasta ahora, en periodos muy breves.
Estuvo con José Antonio Gali, con Martha Erika Alonso, con Jesús Rodríguez Almeida, con Guillermo Pacheco, y ahora, por último, con Miguel Barbosa Huerta.
Eso no se le vio ni a Fernando Manzanilla, que fue secretario de Gobernación en tres ocasiones distintas.
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Una mala noticia para los regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico que pretenden eliminar el costo de los estacionamientos de los centros comerciales, muy a pesar de lo que opinen los diputados: no podrán concretar su propuesta.
En representación de este grupo de regidores, José Iván Herrera advirtió que, aunque el Congreso considere ilegal e inviable obligar a la gratuidad de los estacionamientos, el Cabildo hará valer la autonomía municipal para reglamentar ese asunto en la ciudad de Puebla.
¿Están seguros de eso?
Antes que nada, deberían preguntar su punto de vista a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco.
Si ella no está de acuerdo, la “obligatoriedad” no prosperará.
Tal y como sucedió con el tema de los bolardos.
Una mayoría de regidores había acordado retirarlos y al final no lograron ni su suspensión provisional.
