Puebla, por desgracia, no es ajena a esta cascada de noticias que tiene que ver con la violencia extrema hacia la mujer y peor aún donde las víctimas son menores de edad.
Mientras a nivel nacional se sigue de cerca la cobertura del caso Fátima, en el municipio poblano de Zihuateutla, se da cuenta del homicidio de una niña de 14 años al interior de su domicilio.
Apenas el 27 de enero en Chietla, otra pequeña, Mayra N., de 9 años, fue asesinada con su madre por la presunta disputa de un terreno.
En otro caso, sujetos armados atacaron a una quinceañera en la unidad habitacional Valle del Sol, en el municipio de Tecamachalco; el reporte de salud de la niña es grave y continúa hospitalizada.
Mientras que en redes sociales circula un video del momento en que un hombre somete y agrede a una mujer en la comunidad de El Moral, en el municipio de San Martín Texmelucan y donde se acusa una impronta respuesta de las autoridades.
Para no ir lejos, aquí en la ciudad de Puebla, lo que en un primer momento se supuso que se trató de un suicidio de una mujer en Villa Guadalupe, resultó, a juzgar de las evidencias periciales de un homicidio presuntamente realizado por el marido.
Algo no estamos haciendo bien como sociedad y las autoridades deben mandar las señales necesarias para frenar estas conductas con claros golpes a la impunidad.
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El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Treviño Núñez finalmente endosó a cinco ayuntamientos la queja de sus asociados por cobros excesivos e incluso millonarios para empresas.
Refirió que en los municipios de Amozoc (Mario de la Rosa), Cuautinchán (José Raul Davines), Coronango (Antonio Teutli), Cuautlancingo (Guadalupe Daniel) y San José Chiapa (Arturo Graciel López) existen prácticas abusivas en el cobro de tributaciones por lo que anunció la tramitación de amparos.
La constante en esas cinco demarcaciones es que tienen el sello del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pues sus alcaldes emanaron de la coalición Juntos Haremos Historia.
Treviño insistió en los riesgos que implica la salida empresas a otras entidades donde se faciliten las llegadas de capitales y a pesar de ello no han encontrado eco del Gobierno del Estado, también emanado de Morena, a la petición de buscar una solución que no ahuyente inversiones en Puebla.
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Poco concurrido se ve el pase de revista de unidades del transporte público que deben cumplir con la modernización de unidades y adaptar mecanismos de seguridad. La explanada del Estradio Cuauhtémoc lució ayer con menos de 60 unidades durante las primeras horas de la revisión, cuando el primer día hubo más de 100.
Mientras, en las mañanas, operadores del transporte público siguen haciendo de las suyas, saturando las unidades y transportando literalmente colgados a algunos pasajeros, como lo muestran las dos imágenes publicadas en portada.
De acuerdo con el Tabulador de Infracciones para el Servicio Público de Transporte y el Servicio Mercantil, por no garantizar la seguridad del pasajero en su traslado viajando en sitios inseguros existe una sanción de 2 mil 172 pesos a 3 mil 909 pesos. Mientras que, por rebasar la capacidad autorizada de pasajeros tendrá una sanción de 2 mil 172 pesos a 3 mil 40 pesos.
Sin embargo, los inspectores del secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, brillan por su ausencia.
