“Todo por la razón, nada por la fuerza.”
Con esa frase, la presidenta municipal de Puebla ha respondido a una serie de rumores y especulaciones que se desataron el fin de semana acerca de una supuesta intentona del gobernador para hacerse, por la fuerza, del mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el ayuntamiento de la capital.
Es decir, “trascendió” que lo que Miguel Barbosa no había podido hacer por la vía de la política, que tiene como principal instrumento de conciliación al diálogo, lo haría con el uso de la fuerza del Estado: que los policías estatales irrumpirían en la sede de la policía municipal para tomar el control.
Ante eso, Claudia Rivera Vivanco decidió recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea el máximo órgano de justicia del país el que decida quién tiene la razón, si Barbosa por tratar de remover a la secretaria municipal e imponer a una colaboradora de su administración, o la edil, que niega la intervención, cobijada en la autonomía.
Lo más interesante es que Claudia Rivera no se limitó a imponer la controversia constitucional, sino que junto con ello hizo subir a redes sociales un video de sus colaboradores, en el que destacan René Sánchez, Liza Aceves y Catalina Pérez.
Este trío esgrime de manera magistral los argumentos políticos de la alcaldesa para impedir la imposición de Barbosa, que cada vez más se parece al extinto Rafael Moreno Valle en ese estilo autoritario de hacer las cosas.
Ahí subrayan la importancia de defender la autonomía municipal, rechazan el uso de la fuerza como medio de imposición y apelan al empleo de la razón, y advierten que no aceptarán amenazas ni intimidación del gobierno barbosista, al que vuelven a comparar con Moreno Valle.
“La 4T en Puebla tiene como principal bandera combatir la persecución política típica del morenovallismo. Los poblanos no votamos para seguir padeciendo las peores prácticas en una era de regeneración nacional”, soltó Catalina Pérez, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género.
Duro y a la cabeza.
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Trabajadores de la Fiscalía General del Estado se encuentran inconformes ante las prácticamente nulas medidas de prevención de contagios del coronavirus que se han tomado en esa institución pública, a cargo de Gilberto Higuera Bernal.
Si bien comprenden que en tiempos de violencia e inseguridad como el que se vive en la actualidad es muy importante que la fiscalía labore al 100 por ciento para tratar de castigar a los delincuentes y revertir los niveles alarmantes de impunidad, no entienden cómo es que no se han desplegado medidas sanitarias tendientes a impedir la propagación del Covid-19 entre el personal que ahí labora.
Hasta el fin de semana la gente que trabaja en la Fiscalía General del Estado lo hacía de manera normal. Como en jornadas regulares, las salas de espera lucían llenas de personas apuradas para realizar trámites, teniendo como única medida precautoria (que ya se sabe que en realidad no es eficiente) el empleo de cubreboca.
Los empleados le piden al fiscal Higuera Bernal que sea estricto en el control sanitario, quizá restringiendo la cantidad de personas que acceden al inmueble y dotando a la gente de herramientas como gel antibacterial y reglas de convivencia que los separen por un tiempo, mientras dura la contingencia.
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Quienes enfrentan severas complicaciones son los locatarios del Centro Comercial Angelópolis. La contingencia provocada por el coronavirus los ha llevado a querer cerrar sus comercios, pero no pueden hacerlo debido a las condiciones del contrato leonino que firmaron con los propietarios de la plaza.
Se han acercado a platicar con el administrador Enrique Valdez para pedirle que les autorice bajar las cortinas mientras se desarrolla la crisis sanitaria, sin que les apliquen las penalizaciones monetarias, pero este señor, al fin empleado de los dueños, les ha dicho que no, que tienen un contrato donde dice que si no abren serán multados. Y así será.
