/ martes 24 de marzo de 2020

En Punto

Tal parece que el gobernador Luis Miguel Barbosa trae pleito personal con Claudia Rivera Vivanco, pues de los ocho ayuntamientos con los que a finales de enero firmó un acuerdo para combatir la violencia y la inseguridad en la zona metropolitana, a través del trabajo coordinado de todos los participantes, solo en el municipio de Puebla ha pretendido tomar el control a partir del frustrado relevo de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En efecto, hasta ayer, solo en la capital del estado existía el interés ya hecho público del mandatario estatal para quitar a la encargada de la seguridad pública y poner en su lugar a una funcionaria emanada de su administración.

El resto de los ayuntamientos involucrados en la firma de ese acuerdo, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Huejotzingo, Juan Crisóstomo Bonilla, así como San Andrés y San Pedro Cholula, permanecían intactos en la estructura de gobierno que se ha dedicado a las tareas de seguridad pública desde que arrancaron las actuales administraciones, en octubre de 2018.

A mediaos de febrero, el mismo Barbosa anunció la necesidad de cambiar mandos en por lo menos cinco municipios, pero en ninguno concretó nada, salvo en Puebla, donde la intentona llevó a la gestión de Rivera Vivanco a presentar una controversia constitucional para defender su autonomía.

Lo dicho, hay pleito con la edil de la capital del estado.

***

Mientras tanto, hay versiones encontradas en torno a la eventual permanencia de Lourdes Rosales Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla.

Pese a las versiones que aseguran que la funcionaria municipal presentó su renuncia desde el fin de semana, por así convenir a sus intereses, el regidor morenista Ángel Rivera Ortega asegura que Rosales Martínez sigue en su puesto, y que no ha entregado ningún documento de despedida.

¿Será?

“De manera oficial no hay nada y precisamente no ha llegado la destitución al Cabildo porque esto no es oficial. Sigue en actividades la secretaria de seguridad, por supuesto, y el control de la seguridad siempre lo ha tenido el municipio”, expresa el coordinador de los regidores emanados de la coalición Juntos Haremos Historia.

A la secretaria (¿o ex secretaria?) le conviene seguir en la secretaría.

De lo contrario alimentará los señalamientos del gobernador Barbosa, que la acusó de solapar a importantes capos del crimen en la ciudad de Puebla desde su importante posición.

***

Quienes no quedaron muy contentos con el decreto de Miguel Barbosa en el que ordena el cierre de algunos establecimientos de tipo comercial y de servicios para prevenir la propagación del coronavirus en Puebla son los empresarios.

A través de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, la iniciativa privada dijo que no solo esperaba el cierre temporal de sitios públicos, donde la concentración de personas es habitual, sino un programa que ayude a resolver el impacto económico que estos cierres generarán entre los hombres de negocios.

¿Qué quieren los empresarios y qué fue lo que plantearon en su reunión del fin de semana con la secretaria de Economía del gobierno estatal, Olivia Salomón Vibaldo?

Muy simple: que se les congele el pago de impuestos mientras dura la contingencia y no generan ganancias por el cese de sus operaciones.

La verdad es que, si eso esperan, tendrán que esperar sentados.

Esas son medidas de primer mundo que aquí en México no se le han ocurrido a la 4T.

Tal parece que el gobernador Luis Miguel Barbosa trae pleito personal con Claudia Rivera Vivanco, pues de los ocho ayuntamientos con los que a finales de enero firmó un acuerdo para combatir la violencia y la inseguridad en la zona metropolitana, a través del trabajo coordinado de todos los participantes, solo en el municipio de Puebla ha pretendido tomar el control a partir del frustrado relevo de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En efecto, hasta ayer, solo en la capital del estado existía el interés ya hecho público del mandatario estatal para quitar a la encargada de la seguridad pública y poner en su lugar a una funcionaria emanada de su administración.

El resto de los ayuntamientos involucrados en la firma de ese acuerdo, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Huejotzingo, Juan Crisóstomo Bonilla, así como San Andrés y San Pedro Cholula, permanecían intactos en la estructura de gobierno que se ha dedicado a las tareas de seguridad pública desde que arrancaron las actuales administraciones, en octubre de 2018.

A mediaos de febrero, el mismo Barbosa anunció la necesidad de cambiar mandos en por lo menos cinco municipios, pero en ninguno concretó nada, salvo en Puebla, donde la intentona llevó a la gestión de Rivera Vivanco a presentar una controversia constitucional para defender su autonomía.

Lo dicho, hay pleito con la edil de la capital del estado.

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Mientras tanto, hay versiones encontradas en torno a la eventual permanencia de Lourdes Rosales Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla.

Pese a las versiones que aseguran que la funcionaria municipal presentó su renuncia desde el fin de semana, por así convenir a sus intereses, el regidor morenista Ángel Rivera Ortega asegura que Rosales Martínez sigue en su puesto, y que no ha entregado ningún documento de despedida.

¿Será?

“De manera oficial no hay nada y precisamente no ha llegado la destitución al Cabildo porque esto no es oficial. Sigue en actividades la secretaria de seguridad, por supuesto, y el control de la seguridad siempre lo ha tenido el municipio”, expresa el coordinador de los regidores emanados de la coalición Juntos Haremos Historia.

A la secretaria (¿o ex secretaria?) le conviene seguir en la secretaría.

De lo contrario alimentará los señalamientos del gobernador Barbosa, que la acusó de solapar a importantes capos del crimen en la ciudad de Puebla desde su importante posición.

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Quienes no quedaron muy contentos con el decreto de Miguel Barbosa en el que ordena el cierre de algunos establecimientos de tipo comercial y de servicios para prevenir la propagación del coronavirus en Puebla son los empresarios.

A través de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, la iniciativa privada dijo que no solo esperaba el cierre temporal de sitios públicos, donde la concentración de personas es habitual, sino un programa que ayude a resolver el impacto económico que estos cierres generarán entre los hombres de negocios.

¿Qué quieren los empresarios y qué fue lo que plantearon en su reunión del fin de semana con la secretaria de Economía del gobierno estatal, Olivia Salomón Vibaldo?

Muy simple: que se les congele el pago de impuestos mientras dura la contingencia y no generan ganancias por el cese de sus operaciones.

La verdad es que, si eso esperan, tendrán que esperar sentados.

Esas son medidas de primer mundo que aquí en México no se le han ocurrido a la 4T.

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