Si en países de primer mundo uno de los principales problemas para la contención del coronavirus ha sido la falta de aplicación de pruebas de diagnóstico para ubicar a los enfermos, con o sin síntomas visibles, en lugares como México, donde el sistema de salud ya se encontraba en crisis mucho antes de que ocurriera la contingencia, ese será un obstáculo todavía mayor.
Ubicar a los portadores de Covid-19 ha sido la clave del éxito en la lucha contra la pandemia en territorios como Corea del Sur, que pese a ser uno de los que más casos han registrado es uno de los que posee la menor tasa de mortalidad.
Luego entonces, el gobierno mexicano y, por ende, el poblano, que se encuentra a cargo de Luis Miguel Barbosa Huerta, tendría que poner especial énfasis en las pruebas de diagnóstico, sin importar que incrementen exponencialmente el número de enfermos en el estado.
Tener más casos registrados no significa tener más casos existentes, sino mayores pruebas de detección de la enfermedad.
Por eso prende una señal de alarma que los químicos a cargo del laboratorio estatal, el único autorizado por la Secretaría de Salud para realizar los exámenes, localizado dentro del Hospital General del Sur, hayan denunciado las paupérrimas condiciones en las que realizan su trabajo aun en el contexto de la lucha mundial contra el coronavirus.
Ese llamado de auxilio, hecho el mismo día que el personal médico de 83 inmuebles del sistema de salud pública estatal levantó la voz para exigir mejores condiciones de trabajo, sanitarias, no económicas, debería preocupar y ocupar a Barbosa, que prefirió desviar el asunto a una mera publicación malintencionada de este diario, como la llamó.
No. El reclamo no fue inventado. Es real y verificable.
Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado sobradas evidencias de irresponsabilidad frente a la contingencia, los gobiernos de los estados, aunque sean de Morena, no se tienen que parecer a él. Puebla puede ser distinto.
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A propósito de pruebas de diagnóstico, quizá espantado por el duro discurso oficial en contra de los laboratorios privados, en Puebla ya solo dos nosocomios realizan exámenes de manera particular para la detección del coronavirus: la Beneficencia Española y el Hospital Ángeles.
Hay un sector económico de la población que quiere y puede pagar por su cuenta la prueba para saber si cuenta con la enfermedad y adoptar las medidas sanitarias pertinentes en caso de que así sea, que no le importa agregar un número a la lista oficial de contagiados de la Secretaría de Salud.
Los integrantes de ese sector tienen el derecho de acudir al médico que puedan pagar para hacerse la prueba y salir de dudas o confirmar las sospechas, pero el abanico de posibilidades que existen en el estado se ha reducido a solo dos.
¿Por qué?
Por el terror negligente de las autoridades federales a que la cantidad de enfermos registrados se dispare.
De cualquier forma, eso ocurrirá pronto.
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Entonces, ¿se fue o no se fue?
La gente de Claudia Rivera Vivanco asegura que Lourdes Rosales Martínez sigue despachando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la de Luis Miguel Barbosa que ya se fue.
Siga o no ahí en estos momentos, está claro que quiere irse y que el viernes pasado le presentó la renuncia a su jefa la presidenta municipal, por lo que ahora toca a la edil nombrar a un relevo antes de que la ausencia de titular de pie a que se incrementen los forcejeos con el gobierno del estado.
De entrada, y eso le puede servir, desde ayer ya sabe que el coordinador general de seguridad, brazo derecho de Rosales en la dependencia, José Tlachi Meneses, no es bien visto en Casa Aguayo para encarar las labores de seguridad pública en el municipio.
