Los partidos políticos opositores a Morena tienen deseos, o eso dicen, de enmendar los errores de la recién aprobada Ley de Educación del Estado de Puebla, que ha sido blanco de una cascada de críticas tanto dentro como fuera de la entidad por exhibir un intento de control estatal no solo sobre el sistema público, sino también el privado.
Esa oposición, asentada en el Congreso del Estado, pretende no desistir hasta corregir las fallas de esa ley y se convoque a un parlamento abierto, como demandan los rectores de las instituciones privadas de educación superior, para tomar en cuenta los puntos de vista de quienes sí saben del tema y además llevan años impartiendo educación.
Por ejemplo, la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, anunció que volverá a presentar propuestas reformatorias a la ley educativa a fin de corregir errores, incluso de redacción, ya que argumentando que se trataba de una armonización a la Ley General de Educación fue aprobada con desaciertos, contradicciones, ambigüedades y atribuciones dobles.
“Sí, yo pienso hacer algunas precisiones en ese sentido y he empezado a trabajar en ello”, expuso García Olmedo, quien, por desgracia, tendrá que enfrentar a la mayoría morenista en lo que se asemeja mucho a una misión imposible.
Una vez que la norma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, lo que corresponde es presentar una iniciativa de reforma o adición a los artículos controversiales como el 105, que establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, forman parte del Sistema Educativo Estatal.
Como ya se dijo, habrá que convencer a la mayoría que forman Morena, PT y PES.
O mejor todavía, al gobernador Luis Miguel Barbosa, para que les mande la orden.
