/ miércoles 3 de junio de 2020

En Punto

Con toda la justificación de su lado, los policías estatales salieron este martes a tomar las calles de la ciudad de Puebla en protesta por los bajos salarios que perciben, que no se relaciona ni de lejos con las exigencias y las cargas laborales que se les han impuesto a partir del incremento de la delincuencia común y organizada en la entidad.

Desde el primer turno y hasta entrada la tarde, cientos de uniformados marcharon con pancartas que demandaban el trato justo por parte de sus jefes, pero principalmente del gobernador Luis Miguel Barbosa, a quien le demandaron un ingreso salarial digno.

Tienen razón.

Vea usted.

EL SOL DE PUEBLA publica este día una investigación especial en la que se revela que, en los últimos dos años, ningún trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y todos los departamentos que la conforman ha recibido algún incremento salarial, y eso que el mismo Barbosa presumió en el cambio de año, de 2019 a 2020, que había logrado un presupuesto de egresos superior a 4 mil millones de pesos para atender los temas de seguridad pública, lo que representa 63.4 por ciento más que el dinero ejercido en el periodo anterior.

Junto con eso, el político nacido en Zinacatepec dijo en septiembre de 2019, ya como gobernador en funciones, que le pagaría más y mejor a esos policías que ayer salieron a protestar por el incumplimiento de la promesa.

“Le vamos a pagar a los policías mucho más, a todos. Hoy un policía gana 10 mil pesos promedio, tiene que ganar por lo menos 50 por ciento más, es necesario para que podamos tener (más elementos), no quiero yo mil patrullas estacionadas, las quiero recorriendo el estado, provocando la impresión, la opinión pública de que el gobierno cuida, que hay una actitud de despliegue gubernamental de seguridad”, declaró Barbosa a los medios el 6 de septiembre del año pasado.

Hoy los policías siguen esperando que les cumpla.

Porque no podrá decir que no tiene dinero para ello, cuando anunció con bombo y platillo que, para el año en curso, había conseguido un presupuesto histórico.

Si los policías representan el frente de batalla contra los delincuentes, el cáncer actual de nuestra sociedad, lo menos que se merecen es estar bien pagados.

¿A poco no gobernador?

***

Como previno el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, el frente que se abrió en su contra desde la administración estatal ha escalado de nivel, pues no solo se le investiga a él por el manejo de los recursos públicos en la universidad, sino que ahora, desde el gobierno del estado, se indagan también detalles financieros de su hija, Luz Andrea Esparza Vergara.

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) hizo llegar una denuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la hija del rector, hecho con el que se confirmaría lo dicho hace unos días por el propio Esparza al acusar persecución política.

La denuncia que emitió la dependencia deriva, a su vez, de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), que dirige Manuel Ferrusquía Canchola, otra oficina dependiente del Poder Ejecutivo Estatal.

Según se expone en el documento, hay una supuesta discordancia entre los ingresos y egresos de la hija del rector, por lo que se le ha abierto un expediente por los delitos que probablemente tipifican el de operación con recursos de procedencia Ilícita.

Quien pensó que la pandemia detendría la pelea entre el gobierno del estado y la BUAP, se equivocó.

Con toda la justificación de su lado, los policías estatales salieron este martes a tomar las calles de la ciudad de Puebla en protesta por los bajos salarios que perciben, que no se relaciona ni de lejos con las exigencias y las cargas laborales que se les han impuesto a partir del incremento de la delincuencia común y organizada en la entidad.

Desde el primer turno y hasta entrada la tarde, cientos de uniformados marcharon con pancartas que demandaban el trato justo por parte de sus jefes, pero principalmente del gobernador Luis Miguel Barbosa, a quien le demandaron un ingreso salarial digno.

Tienen razón.

Vea usted.

EL SOL DE PUEBLA publica este día una investigación especial en la que se revela que, en los últimos dos años, ningún trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y todos los departamentos que la conforman ha recibido algún incremento salarial, y eso que el mismo Barbosa presumió en el cambio de año, de 2019 a 2020, que había logrado un presupuesto de egresos superior a 4 mil millones de pesos para atender los temas de seguridad pública, lo que representa 63.4 por ciento más que el dinero ejercido en el periodo anterior.

Junto con eso, el político nacido en Zinacatepec dijo en septiembre de 2019, ya como gobernador en funciones, que le pagaría más y mejor a esos policías que ayer salieron a protestar por el incumplimiento de la promesa.

“Le vamos a pagar a los policías mucho más, a todos. Hoy un policía gana 10 mil pesos promedio, tiene que ganar por lo menos 50 por ciento más, es necesario para que podamos tener (más elementos), no quiero yo mil patrullas estacionadas, las quiero recorriendo el estado, provocando la impresión, la opinión pública de que el gobierno cuida, que hay una actitud de despliegue gubernamental de seguridad”, declaró Barbosa a los medios el 6 de septiembre del año pasado.

Hoy los policías siguen esperando que les cumpla.

Porque no podrá decir que no tiene dinero para ello, cuando anunció con bombo y platillo que, para el año en curso, había conseguido un presupuesto histórico.

Si los policías representan el frente de batalla contra los delincuentes, el cáncer actual de nuestra sociedad, lo menos que se merecen es estar bien pagados.

¿A poco no gobernador?

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Como previno el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, el frente que se abrió en su contra desde la administración estatal ha escalado de nivel, pues no solo se le investiga a él por el manejo de los recursos públicos en la universidad, sino que ahora, desde el gobierno del estado, se indagan también detalles financieros de su hija, Luz Andrea Esparza Vergara.

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) hizo llegar una denuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la hija del rector, hecho con el que se confirmaría lo dicho hace unos días por el propio Esparza al acusar persecución política.

La denuncia que emitió la dependencia deriva, a su vez, de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), que dirige Manuel Ferrusquía Canchola, otra oficina dependiente del Poder Ejecutivo Estatal.

Según se expone en el documento, hay una supuesta discordancia entre los ingresos y egresos de la hija del rector, por lo que se le ha abierto un expediente por los delitos que probablemente tipifican el de operación con recursos de procedencia Ilícita.

Quien pensó que la pandemia detendría la pelea entre el gobierno del estado y la BUAP, se equivocó.

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