El Consejo Coordinador Empresarial le has respondido al gobernador Luis Miguel Barbosa a la propuesta que ha hecho a los representantes de la iniciativa privada y ciudadanos en general a sumar fuerzas en contra de la pandemia.
Y lo ha hecho de manera positiva.
El organismo que preside José Ignacio Alarcón Rodríguez le dice que “sí” al mandatario estatal, que acepta con agrado sumarse al llamado “pacto comunitario”, pero no lo realiza sin hacerle saber que, desde el punto de vista de la cúpula empresarial, se necesitan reforzar acciones por parte del gobierno del estado para responder de manera más eficiente a las necesidades que plantea el nuevo coronavirus.
“Reafirmamos que para lograr el éxito de dicha propuesta primero debe existir coordinación entre autoridades estatales y municipales, principalmente en la zona conurbada de Puebla; de igual forma, es imperante poner especial atención a la deficiencia del transporte público, las zonas con presencia de comercio informal, colonias del sur y norte de la capital, así como cualquier otro lugar vulnerable a la conglomeración de personas que con su omisión de cuidados minimizan el riesgo de esta situación al seguir organizando partidos de futbol o acudiendo a tianguis, mercados…”, subraya el comunicado.
Es decir, la IP vuelve a plantear las necesidades que expresó desde un inicio.
Al comienzo de la emergencia, hace ya más de tres meses, no fue escuchada.
No se ve cómo lo pueda ser ahora, pero esperamos que sí, que la gravedad del problema haya sensibilizado a las autoridades gubernamentales y que estas se abran a escuchar voces distintas a las suyas.
Eso de que haya coordinación entre autoridades estatales y municipales, por ejemplo, se ha reiterado en este espacio.
Si Barbosa y Claudia Rivera Vivanco caminaran en la misma ruta, mejores serían los resultados en la capital.
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Ahora se sabe, gracias a las declaraciones del propio gobernador Barbosa, que la atención del gobierno del estado a las necesidades derivadas de la pandemia, ocuparán todos los esfuerzos de esta administración, por encima, incluso, de aquellos proyectos que pudieron esbozarse antes de que comenzara la emergencia sanitaria y que por el momento están detenidos.
Si es que los hay, programas, planes y proyectos, seguirán detenidos.
La prioridad del gobierno estatal es atender la contingencia por Covid-19, lo que implica, insistimos, según los dichos del mandatario, que no hay condiciones para dar inicio a la construcción de obra pública, aunque se tengan proyectos.
“Ahorita nuestra prioridad es el tema del coronavirus, no hay otra prioridad y no hay condiciones para iniciar ninguna obra en el estado y claro que tenemos muchísimas obras que iniciar y terminar y muchas acciones de políticas públicas en materia de Bienestar que es desde vivienda”, indicó Barbosa… pero por ahora, nada.
Las palabras fueron emitidas en respuesta a una de las preguntas de los reporteros durante la mañanera del martes, que quiso indagar sobre las acciones y proyectos que desarrollará la administración barbosista en el segundo semestre del año.
Malas, muy malas noticias para el sector de la construcción, que esperaba poder recuperar algo de lo perdido en los últimos meses del año.
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El senador Alejandro Armenta Mier ya es otro. O eso dice.
A través de una conferencia de prensa se pronunció a favor de aplicar la ley si en Morena se detecta el uso indebido de recursos públicos, eso en el contexto de las investigaciones que se realizan al seno de ese partido por la sospecha del uso ilegal de los recursos públicos en beneficio de intereses personales.
“En Morena hay tres principios que nos esculpieron a los que llegamos: no robar, no mentir, no traicionar. Morena no puede permitirse impunidad”, sentenció.
Ese efecto mágico tiene el partido lopezobradorista en todos sus integrantes, sin importar los antecedentes en otros partidos políticos: los transforma.
