Eso de que la administración estatal iba a ayudar como intermediaria entre los empresarios y Nacional Financiera (Nafin) para que los primeros accedieran a créditos para salir de los apuros económicos, algunos de ellos graves e irreversibles, generados por la pandemia, no ha sido del todo cierto. O por lo menos eso es lo que comparte la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez.
La representante asegura que hay un sinfín de trabas en Nafin para acceder a esos préstamos ofrecidos por el gobierno del estado, y que el presunto aval de este no ha sido suficiente para que la institución financiera les autorice el dinero que piden y que, por supuesto, necesitan.
Lo interesante es que Méndez Juárez sabe el motivo de las trabas y eso evidencia la falta de sensibilidad de la administración federal, de la que depende ese banco, ante el sector empresarial del país, al que no apoya por más que se le diga que es el que genera riqueza y empleo: los créditos no fluyen por la propia vulnerabilidad del sector restaurantero ante la emergencia sanitaria, lo que lleva a plantearse la posibilidad de que el dinero no regrese.
Pues claro que se trata de un sector vulnerable, y claro que existe el riesgo de que muchos de los restaurantes no vuelvan a abrir sus puertas una vez que termine la cuarentena extendida, pero para eso se es gobierno, para ayudar, aunque exista ese riesgo, pero, sobre todo, para apoyar a que se salga de él.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido sensibilidad para ello, lo que ha transmitido, se ve, a Nafin, y el gobierno del estado no ha podido hacer nada ante ello.
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Los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, con excepción de la panista Mónica Rodríguez, aprobaron retirar de la constitución de Puebla el fuero que por ahora protege a los servidores públicos, entre ellos el gobernador, los diputados locales, el auditor y los magistrados del Poder Judicial.
Como se encuentran en la actualidad la fracción III del artículo 22, el artículo 41, la fracción XIII del 57, los tres párrafos del 126 y el 129, así como los artículos 127 y 128 de la Constitución Política del Estado de Puebla, un reducido grupo de personas con cargos específicos en la administración pública goza del beneficio de no poder ser llevado a juicio por la comisión de delitos mientras sus miembros ejercen esos puestos.
El fuero ha tenido defensores a ultranza, como también detractores, lo que ha generado siempre polémica y debate en torno a su eventual desaparición.
Morena trae el tema en la agenda y este lunes casi lo concreta a través de la Comisión de Gobernación, pues solo falta que pase a la votación del pleno para convertirse en una modificación formalizada, lo que ocurrirá sin problemas, gracias a la mayoría que poseen ese partido y sus aliados.
Al margen de los beneficios sociales que esta reforma pueda traer, hay quienes ven en el movimiento un interés de ese mismo partido político por llevar a juicio a ex funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle que hoy gozan de fuero, y sobre quienes pesarían sospechas o evidencias de presunto enriquecimiento ilícito, entre otras linduras.
Si es así, se sabrá más adelante.
Por lo pronto ya ha de haber algunos ex morenovallistas preocupados.
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Siempre sí, el PRI fijó una postura, se pronunció en contra de la iniciativa de reforma electoral que promueven, y que seguramente aprobarán, los diputados de Morena. Según Américo Zúñiga Martínez, delegado del CEN de ese partido, el tricolor interpondrá una controversia constitucional en contra las reformas que se avecinan.
A ver si es cierto.
A los priistas no se les da mucho eso de ser una genuina oposición.
