Gobernador, diputados locales, auditor superior y magistrados del Poder Judicial han dejado de gozar del fuero constitucional. Lo harán una vez que la reforma aprobada ayer en el Congreso, por mayoría de votos, sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Sin fuero, como anteriormente se tenía, los servidores públicos que desempeñen estos cargos podrán ser juzgados o procesados penalmente si cometen algún delito, sin importar que se encuentren en funciones.
La reforma constitucional aprobada se llevó a cabo para establecer que si los servidores públicos son sujetos a proceso penal permanecerán en el cargo siempre y cuando no se dicte medida cautelar o se emita sentencia de cárcel. Solo en caso de delitos culposos la separación del cargo sí se someterá a consideración del pleno.
Encabezados por Gabriel Biestro Medinilla, los diputados morenistas celebraron la aprobación de las reformas, pues, según ellos, generarán equidad entre ciudadanos de a pie y funcionarios públicos.
No obstante, la aprobación constó solo de 28 votos, lo que significa que hubo 13 no apoyaron la reforma (12 votaron en abstención y uno en contra (Héctor Alonso Granados).
Entre los principales argumentos de la negativa estuvieron los del PAN, que acusaron que se trataba de un desafuero a medias, puesto que el dictamen concede beneficios a funcionarios que son procesados por un delito al permitir que se mantengan en el cargo mientras se les dicta sentencia o dicta medida cautelar.
Polémica, pues, la reforma constitucional para eliminar el fuero de los servidores en funciones.
***
En posterior conferencia de prensa a la discusión en el pleno, la diputada Vianey García Romero, emanada de la coalición Juntos Haremos Historia, explicó una parte de la reforma sobre la que existía una duda muy particular:
¿El desafuero alcanzará también a aquellos servidores públicos en funciones por delitos cometidos en el pasado?
O más en concreto aún:
¿Se le podrá aplicar a aquellos morenovallistas que hayan abusado de sus cargos y que hoy sean, o diputados o magistrados del Poder Judicial?
La respuesta de la legisladora morenista fue contundente: “Sí”.
***
Al estado de Puebla se le siguen acumulando las malas noticias respecto del nuevo coronavirus.
Gracias a los números y las estadísticas aportadas por el gobierno federal ayer se supo que el municipio de Puebla ocupa el segundo lugar ¡nacional! en casos acumulados de Covid-19, con un total de 8 mil 159. Solo le gana la alcaldía de Iztapalapa, en la ciudad de México, que también hasta este miércoles reportaba 9 mil 030 casos positivos.
Esa no es la única mala noticia.
La misma ciudad de Puebla está también en segundo lugar nacional de contagios activos, con 649 personas portadoras del virus registradas en los conteos oficiales. Aquí el primer lugar no es de Iztapalapa, sino de León, en Guanajuato, que tiene 659 portadores activos detectados.
Si ya sabemos que las cifras oficiales de contagiados por coronavirus no son reales, puesto que hay personas que no acceden a las pruebas de diagnóstico, ya sea porque no presentan síntomas o porque no acuden a las clínicas y hospitales destinados para atender a los enfermos, el número de casos existentes en el municipio capital debe ser mucho mayor.
El dato, entonces, es grave, y confirma que en algunos casos ha sido un error regresar ciertas actividades económicas a la normalidad.
La pandemia no se ha ido, ni de lejos, y es muy probable que tampoco haya encontrado aún su punto más fuerte de expansión en el estado, lo que preocupa más, por supuesto, en la capital y la zona metropolitana, donde hay una mayor concentración de personas.
