Algo pasó de un día para otro que el gobernador Miguel Barbosa cambió el tono de su respuesta ate los números del gobierno federal que ubicaron al municipio de Puebla como primer lugar en casos acumulados de Covid-19, superando, incluso, a la alcaldía de Iztapalapa, la más poblada de la ciudad de México.
El martes intentó esquivar el primerísimo sitio poblano a nivel nacional desacreditando que la comparación de Puebla con Izatapala, al afirmar que esta alcaldía es en realidad una delegación y que, en todo caso, la Angelópolis tendría que ser equiparada con la ciudad de México.
Eso echaría por tierra los cambios jurídicos que se realizaron hace unos años en la capital del país, que desaparecieron las delegaciones y dieron paso a alcaldías, el símil de los municipios del interior, como Puebla, por lo que no sonaba coherente como un argumento para hacer caso omiso a los números de la Secretaría de Salud federal.
Ayer, sin embargo, Barbosa fue asertivo con sus declaraciones y reconoció la importancia del problema.
Ya dijo que no se trata de “cifras felices” y abundó que pretendía usar términos de mucho cuidado, para evitar que sus palabras fueran mal interpretadas.
Junto con el reconocimiento hizo también una acotación. De los casos acumulados desde el comienzo de la pandemia, el 80 por ciento ya han sido curados.
Así bajó un poco la dureza a los números vertidos desde la administración federal.
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La que no queda muy claro si es una buena o una mala noticia es la dada a conocer este mismo miércoles por el secretario de Gobernación de la administración estatal, David Méndez Márquez, toda vez que ha podido concretar el acuerdo más de cuatro meses después de iniciada la emergencia sanitaria.
El jefe de la política interna del gobierno barbosista anunció que por fin se ha conseguido un convenio, verbal, evidentemente, con los vendedores informales y tianguistas del municipio de Puebla que al menos hasta el fin de semana pasado estuvieron en las calles sin respetar la emisión de los decretos de confinamiento por coronavirus.
Según Méndez Márquez, los primeros acuerdos con los representantes de este sector tienen que ver con regular la venta de productos esenciales y limitar la instalación de los tianguis a un 30 por ciento de su capacidad.
Así lo dijo:
“En cuanto a las mesas de diálogo con el sector informal van muy avanzado este tema; ya hay pláticas, importantes acuerdos con las organizaciones, los liderazgos de comerciantes del Centro Histórico de aquí de la capital, ya hay un acuerdo para que solo se mantengan vendiendo productos que tienen que ver con del tema de actividad esencial, es decir, productos alimentarios, no elaborados ni expedidos para servicio en el lugar”.
Menos mal, que lo ha logrado, se insiste, más de cuatro meses después de lo que se necesitaba.
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Los diputados de Morena se salieron con la suya.
Con el respaldo de los legisladores del PES, Nueva Alianza y el Verde, pero sin el PT, aprobaron la reforma al código electoral que prohíbe la colocación y difusión de propaganda en el transporte público, estructuras espectaculares, libros, portadas de revistas, anuncios de entrevistas o de diarios, con vigencia para los comicios intermedios de 2021.
La iniciativa de reforma derivó de una propuesta enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa, que además establece que no podrá colgarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, mamparas, bastidores, equipamiento carretero o ferroviario.
Dados los pronunciamientos en contra de algunos diputados opositores, no es difícil imaginar que, una vez iniciado el proceso electoral, le lloverán amparos a la reforma.
