/ martes 28 de julio de 2020

En Punto

Para este momento usted ya está enterado de la videoconferencia que sostuvo ayer el gobernador Miguel Barbosa, en punto de las 11 de la mañana, con al menos 70 empresarios poblanos de distintos sectores y diferentes perfiles políticos para hablar acerca de la eventual reapertura de la economía a partir del mes de agosto.

Entre Barbosa y esos hombres y mujeres de negocios acordaron que, en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan, es decir, de que la expansión del nuevo coronavirus haya bajado de intensidad y ya no se encuentre en niveles alarmantes, habrá una reactivación económica paulatina que arrancará el primer viernes de agosto.

Es muy posible que usted ya estuviese enterado de eso antes de leer esta columna.

No obstante, lo que no informaron las notas periodísticas fue la parte de trasfondo político que implicó la reunión, y que la principal responsable de aglutinar a todos esos personajes, gracias a sus relaciones y a las de su marido, el contador Rafael Moreno Valle Sánchez, fue la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.

Vayamos al trasfondo político.

Si revisa usted la lista de los asistentes a esa videoconferencia, que se publica este día en EL SOL DE PUEBLA, verá que son hombres y mujeres de las compañías más importantes del estado, muchas de ellas con presencia a nivel nacional, como Gilberto Martín Quintero, Gabriel Posada y Gerardo Rivera, y que todos son ajenos a los líderes de las cámaras empresariales que han estado enfrentados con el gobernador, precisamente porque no han podido ponerse de acuerdo en la fecha de la reapertura económica.

Es decir, Barbosa ignoró a quienes le han criticado en público y convocó a personajes de mayor peso empresarial, como para mandar el mensaje de que no le importa lo que digan ni les hará caso porque, en los hechos, no representan mucho.

Ahora habrá que ver cómo responden los desairados, entre quienes destacan Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, del CCE, y Fernando Treviño Núñez, de Coparmex.

***

Un grupo de 11 presidentes auxiliares del municipio de Puebla se presentó como un frente común para manifestarse en contra de la petición que pretende llevar el Cabildo del ayuntamiento al Congreso del Estado, para que sea el Instituto Electoral y no el gobierno municipal el que organice los plebiscitos que cada tres años se realizan en esas demarcaciones.

Los quejosos, entre quienes estuvieron los de Ignacio Romero Vargas, San Felipe Hueyotlipan, La libertad, La Resurrección, San Pablo Xochimehuacan, San Baltazar Campeche y San Francisco Totimehuacán, usan como principal argumento que hacer los plebiscitos de esa manera, con el IEE como órgano rector, atentaría contra los usos y costumbres de las juntas auxiliares, además de que resultaría ilegal y precipitado.

Por tanto, le pidieron a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, que no rehúya de atender las necesidades que se tienen en sus demarcaciones.

Puede ser que tengan un poco de razón, pero no del toda.

Lo que los ediles auxiliares no expusieron fue que prácticamente tienen control absoluto sobre lo que ocurre en esos plebiscitos y, al margen de la ley, porque ninguna instancia los vigila a cabalidad, logran imponer a quien quieren para los periodos próximos inmediatos.

Por ahí puede ir la resistencia inmediata frente a la decisión del Cabildo.

La buena noticia para ellos es que esta iniciativa municipal ya está a destiempo del siguiente proceso electoral, y por tanto ya no se podría legislar para que entre en vigor en 2021, tal como advirtió la diputada Vianey García Romero.

Por ahí, los inconformes ganaron esta vez.

Para este momento usted ya está enterado de la videoconferencia que sostuvo ayer el gobernador Miguel Barbosa, en punto de las 11 de la mañana, con al menos 70 empresarios poblanos de distintos sectores y diferentes perfiles políticos para hablar acerca de la eventual reapertura de la economía a partir del mes de agosto.

Entre Barbosa y esos hombres y mujeres de negocios acordaron que, en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan, es decir, de que la expansión del nuevo coronavirus haya bajado de intensidad y ya no se encuentre en niveles alarmantes, habrá una reactivación económica paulatina que arrancará el primer viernes de agosto.

Es muy posible que usted ya estuviese enterado de eso antes de leer esta columna.

No obstante, lo que no informaron las notas periodísticas fue la parte de trasfondo político que implicó la reunión, y que la principal responsable de aglutinar a todos esos personajes, gracias a sus relaciones y a las de su marido, el contador Rafael Moreno Valle Sánchez, fue la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.

Vayamos al trasfondo político.

Si revisa usted la lista de los asistentes a esa videoconferencia, que se publica este día en EL SOL DE PUEBLA, verá que son hombres y mujeres de las compañías más importantes del estado, muchas de ellas con presencia a nivel nacional, como Gilberto Martín Quintero, Gabriel Posada y Gerardo Rivera, y que todos son ajenos a los líderes de las cámaras empresariales que han estado enfrentados con el gobernador, precisamente porque no han podido ponerse de acuerdo en la fecha de la reapertura económica.

Es decir, Barbosa ignoró a quienes le han criticado en público y convocó a personajes de mayor peso empresarial, como para mandar el mensaje de que no le importa lo que digan ni les hará caso porque, en los hechos, no representan mucho.

Ahora habrá que ver cómo responden los desairados, entre quienes destacan Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, del CCE, y Fernando Treviño Núñez, de Coparmex.

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Un grupo de 11 presidentes auxiliares del municipio de Puebla se presentó como un frente común para manifestarse en contra de la petición que pretende llevar el Cabildo del ayuntamiento al Congreso del Estado, para que sea el Instituto Electoral y no el gobierno municipal el que organice los plebiscitos que cada tres años se realizan en esas demarcaciones.

Los quejosos, entre quienes estuvieron los de Ignacio Romero Vargas, San Felipe Hueyotlipan, La libertad, La Resurrección, San Pablo Xochimehuacan, San Baltazar Campeche y San Francisco Totimehuacán, usan como principal argumento que hacer los plebiscitos de esa manera, con el IEE como órgano rector, atentaría contra los usos y costumbres de las juntas auxiliares, además de que resultaría ilegal y precipitado.

Por tanto, le pidieron a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, que no rehúya de atender las necesidades que se tienen en sus demarcaciones.

Puede ser que tengan un poco de razón, pero no del toda.

Lo que los ediles auxiliares no expusieron fue que prácticamente tienen control absoluto sobre lo que ocurre en esos plebiscitos y, al margen de la ley, porque ninguna instancia los vigila a cabalidad, logran imponer a quien quieren para los periodos próximos inmediatos.

Por ahí puede ir la resistencia inmediata frente a la decisión del Cabildo.

La buena noticia para ellos es que esta iniciativa municipal ya está a destiempo del siguiente proceso electoral, y por tanto ya no se podría legislar para que entre en vigor en 2021, tal como advirtió la diputada Vianey García Romero.

Por ahí, los inconformes ganaron esta vez.

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