Atención secretarios de Educación y de Trabajo del gobierno barbosista, Melitón Lozano Pérez y Abelardo Cuéllar Delgado. Como saben, la Universidad Washington, ubicada en el Barrio de Santiago, decidió cerrar debido a la crisis económica que le representó la pandemia por coronavirus, pero ha dejado a la deriva tanto a los alumnos como a los maestros que laboraban ahí.
Una vez hecho el anuncio del cierre, el 15 de junio pasado, los directivos se comprometieron a apoyar a los estudiantes en su reubicación en otra universidad y a liquidar a los catedráticos conforme a la ley, lo que no ha ocurrido.
El caso que nos ocupa en esta ocasión es el de los extrabajadores.
Con los profesores hubo una reunión para ofrecerles un pago equivalente solo a tres meses de sueldo, como parte de una gratificación, sin importar los años de antigüedad que tuvieran, lo que contraviene la Ley Federal del Trabajo, que señala que, en caso de rescisión del vínculo laboral, imputable al patrón, este último está obligado a liquidar al trabajador con el finiquito y la prima de antigüedad.
Los maestros, evidentemente, exigen ser liquidados conforme a la ley, que no significa ningún favor, sino su derecho por haber brindado sus servicios durante varios años, en algunos casos más de una década, en esa universidad.
¿Evitarán los secretarios de Miguel Barbosa que se cometa una injusticia?
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Quien haya dicho o quien piense que el nuevo coronavirus no se contagia a los menores de edad, que no los enferma, y más grave todavía, que no los puede matar, está completamente equivocado.
De acuerdo con el reporte más reciente del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), un organismo público perteneciente al gobierno federal, desde que comenzó la pandemia en Puebla hasta el lunes 27 de julio, ha habido ocho fallecimientos de menores a causa del Covid-19 y se ha acumulado un total de 379 casos positivos en ese sector de la población.
Como dato adicional arroja que hay 136 casos sospechosos de menores contagiados, quienes hasta el corte del estudio se encontraban a la espera del resultado de su prueba de diagnóstico.
Puebla, como estado, ocupa el lugar siete a nivel nacional en contagios y el número seis en muertes, lo que evidencia que no se trata de un asunto menor, muchas veces minimizado por aquellas erróneas versiones que se propagaron en un principio que aseguraban que los niños y las niñas no corrían peligro.
Nada más falso.
El secretario de Salud de la administración estatal, José Antonio Martínez García, debe estar al tanto de los números y, por tanto, debió haber desplegado ya alguna estrategia, junto con otras áreas institucionales, para alertar a la sociedad. O eso esperamos.
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A propósito de políticas públicas de prevención y combate a la pandemia, este viernes estará en Puebla el denominado “rockstar” de la administración lopezobradorista, ni más ni menos que el subsecretario de Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell.
El funcionario, vocero y responsable del país en las labores de contención del coronavirus, vendrá acompañado por la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, así como de los directores generales del IMSS, Zoé Robledo Arturo, y del INSABI, Juan Ferrer, para presentar un plan comunitario de salud que involucre específicamente al estado de Puebla, ligado, por supuesto, a la emergencia sanitaria.
Puebla es la tercera entidad del país a la que acuden los funcionarios federales para presentar un programa de acción en esta materia, la de mayor importancia para la población. Antes estuvieron en Tabasco y Chiapas.
A ver si la visita sirve además para que ese servidor público les recuerde a los responsables de las instituciones en el estado que es hora de privilegiar la unidad, los consensos y la colaboración entre pares, en lugar de provocar enconos y confrontaciones.
