Ya es oficial. Después de que 185 de 217 ayuntamientos votaran en favor de las reformas aprobadas en el Congreso del Estado para eliminar el fuero que obsequiaba la Constitución Política del Estado de Puebla a un reducido y grupo de servidores públicos, el Legislativo hizo la declaratoria que retira ese privilegio en los tres Poderes.
Los ayuntamientos de Puebla, Atlixco, Huejotzingo y 29 más aún no aprobaban hasta ayer la eliminación del fuero constitucional, sin embargo, la modificación se ha formalizado, una vez que, al tratarse de reformas constitucionales, se necesitaba la aprobación de al menos la mitad de los municipios más uno, es decir 109, lo que ya ocurrió.
Con eso bastó para que la sesión de la Comisión Permanente emitiera la declaratoria del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla.
Ahora sí, se podrá juzgar o procesar penalmente al gobernador, a los diputados locales, al auditor y a los magistrados del Poder Judicial durante el periodo de su encargo, por cualquier delito.
¿Habrá alguno juzgado, e incluso llevado a prisión, por la comisión de algún delito, en lo que resta del gobierno barbosista?
Esa es la duda que flota en el ambiente.
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Siete meses y nada. Ese es el tiempo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido sin respuesta, y sin sustento económico, a 400 ex trabajadores del extinto Seguro Popular, quienes fueron despedidos de la administración federal a partir de la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), lo que ocurrió el 1 de enero.
Desde principios de año, y luego de que el gobierno del estado firmara un convenio de colaboración con las autoridades federales para asumir el control del nuevo Instituto, así como los gastos que derivan de su funcionamiento, los trabajadores despedidos han sostenido mesas de trabajo con funcionarios públicos que les han manejado la posibilidad de reincorporarlos a la administración estatal, pero siguen en espera de que eso, o alguna otra medida que alivie su falta de ingresos, suceda.
Ayer, los ex empleados federales salieron a las calles para protestar por la falta de respuesta. Recordaron que llevan siete meses sin empleo y volvieron a pedir a los dos niveles de gobierno involucrados en la desaparición del Seguro Popular y la posterior conformación del Insabi, que les ayuden.
“Desde marzo que se firmó el convenio de colaboración con el Insabi nos dijeron que ya tenían algo para nosotros, y es la fecha en la que no tenemos nada”, acusó uno de los manifestantes, damnificado de una más de las decisiones lopezobradoristas que pocas personas entendieron en este país.
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Otro sector desde donde mandan una señal de auxilio es de los hoteles y moteles, este no por un origen atribuible a las autoridades gubernamentales, sino a los efectos derivados de la pandemia por coronavirus.
Debido a que la ocupación hotelera ha descendido a porcentajes de menos de dos dígitos, encontrándose en este momento en 7 por ciento, los empresarios del ramo han despedido, desde enero hasta la fecha, a dos mil de sus trabajadores.
Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, expuso que los dueños de los establecimientos se encontraron en una disyuntiva: quebrar con todo el personal, o recortar parte de ese personal para que el resto siguiera funcionando. Agregó que la gran mayoría eligió lo segundo: liquidaron empleados continuaron con la mitad o menos, en espera de que la cuarentena extendida termine y, poco a poco, vuelvan a llegar visitantes al estado.
Los despidos, finalizó, agarraron parejo. Desde directores hasta amas de llaves resultaron afectados en este periodo. Algo efectivo tendrá que hacerse desde los distintos niveles de gobierno para reactivar la economía en las semanas por venir.
