Siempre sí los regidores que integran el Cabildo del municipio de Tehuacán decidieron darle la lucha al Congreso del Estado, donde una mayoría morenista, encabezada por el diputado Gabriel Biestro Medinilla y Vianey García Romero, quiere sacarlos de ahí a través de un proceso de revocación que ha comenzado ya.
Los regidores de este ayuntamiento impugnaron ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF el acuerdo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo, por el que el pasado 6 de julio declaró el inicio del procedimiento de desaparición del Cabildo, por la presunta existencia de un sinfín de anomalías.
Sin recurrir al Tribunal Electoral del Estado, seguramente porque saben quién manda ahí, el regidor de Gobernación, Israel Nasta de la Torre, y el resto de los miembros del Cabildo promovieron “per saltum” un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que quedó registrado con el expediente SCM-JDC-113/2020.
El juicio ciudadano ya ha sido turnado a la ponencia de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, para su análisis y resolución, así que habrá que estar pendiente de él.
En una de esas los regidores impiden que Biestro Medinilla y García Romero, y el grupo en el poder para el que trabajan, se salgan con la suya en este polémico e inacabable caso.
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Otros que recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero a la Sala Superior, fueron los dirigentes del Movimiento Antorchista Poblano, quienes tienen aún esperanzas de que se echa para atrás el revés que les propinó la Sala Regional de la Ciudad de México, al negarles el permiso para convertirse en partido político y participar de esa manera en los comicios intermedios de 2021.
Los líderes, que no quitan el dedo del renglón, pese a los resultados adversos que han recibido, mandaron de nueva cuenta a Elieser Casiano Popocatl Castillo, quien acude en calidad de representante legal del Movimiento, para interponer un recurso de reconsideración contra la sentencia que calificó como improcedente su registro.
Pese a los diversos puntos que fueron señalados como irregularidades en la solicitud de registro, Aquiles Córdova, Soraya Córdova y Juan Manuel Celis han dicho que recurrirán hasta la última instancia posible.
Y si no lo consiguen, también lo han expresado, aunque “en corto”, se sumarán al PAN para pegarle donde puedan, y como puedan, a Morena y sus candidatos.
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Después de la queja de ex trabajadores de la Universidad Washington que fueron despedidos sin recibir la liquidación que les corresponde por ley, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ofreció los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador (PRODET), que es la instancia encargada de dar solución a conflictos laborales.
“Los trabajadores de empresas privadas pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que reciban la asesoría correspondiente en caso de que vean agraviados sus derechos laborales. Ese es el mecanismo con el cual el gobierno puede asistir a dichos trabajadores”, ofreció el mandatario en su rueda de prensa matutina.
Fue en la columna En Punto de El Sol de Puebla donde se reveló varios trabajadores de la Universidad Washington no fueron liquidados conforme a la ley y a todo el personal educativo se le está pagando tres meses de su sueldo sin importar su antigüedad dentro de la institución.
La universidad anunció su cierre desde el pasado 15 de junio y los directivos se comprometieron a liquidar a los trabajadores conforme a la ley, sin que ello haya ocurrido hasta el momento.
Actualmente la PRODET ofrece el servicio de ventanilla digital debido a la contingencia sanitaria por coronavirus, mientras que los plazos de juicios laborales se extendieron para seguir vigentes cuando regresen a la actividad presencial.
