/ lunes 28 de septiembre de 2020

En Punto

Mil 117 millones de pesos tiró a la basura el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle Rosas para la compra de 10 mil 283 motrotactores que terminaron en casas de empeño, como recolectores personales de basura, juguete de los pequeños o, simplemente, olvidados en algún rincón de la casa en la que vivían las familias “beneficiadas” con este instrumento motorizado.

El presunto programa estrella de la administración morenovallista para revitalizar y modernizar la actividad agrícola de los pequeños campesinos en el estado, aquellos que no tenían manera de asociarse para invertir juntos en equipo técnico, que eran y son mayoría, fue un fracaso, como ya se mostraban síntomas desde entonces y como se ha podido comprobar ahora, una vez que ha pasado el tiempo y se ha observado que nunca fueron en realidad útiles para los productores.

En 2012, como revela este día una investigación que publica este diario, la Universidad de Chapingo expuso que muchos de los programas de apoyo a la agricultura, ganadería y pesca, incluidos los mototractores, que se ejecutaban en Puebla, carecían de la planeación y el seguimiento necesario para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

“El Estado no cuenta con un instrumento propio para medir la satisfacción y percepción de los beneficiarios. No existe un mecanismo implementado por el Estado para dar seguimiento a los apoyos”, observó la institución.

Mención aparte merece el tema de los proveedores. Nueve empresas vendieron todo, a un costo promedio unitario de 108 mil 700 pesos, pero una fue la favorecida: Alejandra Morales Hernández y Grupo Comercom SA de CV. Esta firma vendió el 30 por ciento de los aparatos en ese sexenio, la misma que proveyó a Moreno Valle de sombrillas y artículos promocionales para su campaña electoral de 2010.

¿Qué significa esto? Que además de malo, el programa sirvió de magnífico negocio para algunos privilegiados, o por lo menos para el pago de favores previos.

Ahí tiene el gobernador Luis Miguel Barbosa un tema para indagar a fondo y castigar a los responsables, como dice que quiere hacerlo, para castigar la corrupción, porque, aunque el autor intelectual de esa presumible fechoría haya muerto, quedan todos los autores materiales, vivitos y coleando.

¿O no?

***

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, hizo dos importantes anuncios este domingo a través de sus redes sociales.

El primero de ellos, relevante para la comunidad universitaria, que la institución recuperaré el equipo de futbol Lobos ante instancias federales:

“El ascenso de Lobos BUAP a primera división fue resultado de un trabajo en equipo, coordinado, con la participación de toda la comunidad. Lobos es BUAP y siempre será BUAP, por eso haremos todo lo necesario porque vuelva a estar donde merece estar y recuperar lo que nos arrebataron por medio de un fraude evidente”.

Y segundo, que este 4 de octubre rendirá el tercer informe de labores de su segundo periodo de rectorado al frente de la máxima casa de estudios, pero de manera virtual, sin invitados, por el tema de emergencia sanitaria que usted ya conoce.

***

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, salió al paso de los señalamientos directos que la semana pasada hizo el gobernador Miguel Barbosa acerca del (mal) desempeño del Poder Judicial.

No negó que desde este órgano de justicia se estén realizando de manera negativa algunos de los trabajos que debería hacer bien, por el contrario, dio a conocer que al menos seis jueces han sido sancionados en lo que va del año por haber incurrido en presuntos actos que violan la Ley General de Responsabilidades o la Ley Orgánica.

Sin embargo, tampoco aclaró si detrás de estas sanciones, que en realidad son muy pocas, existían motivaciones vinculadas a hechos de corrupción o a meras faltas administrativas.

Debería apresurarse a dar mejores resultados en este importante rubro, a menos que no esté interesado en permanecer en ese Poder el año que viene, crucial para la vida política y el futuro del estado.

Mil 117 millones de pesos tiró a la basura el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle Rosas para la compra de 10 mil 283 motrotactores que terminaron en casas de empeño, como recolectores personales de basura, juguete de los pequeños o, simplemente, olvidados en algún rincón de la casa en la que vivían las familias “beneficiadas” con este instrumento motorizado.

El presunto programa estrella de la administración morenovallista para revitalizar y modernizar la actividad agrícola de los pequeños campesinos en el estado, aquellos que no tenían manera de asociarse para invertir juntos en equipo técnico, que eran y son mayoría, fue un fracaso, como ya se mostraban síntomas desde entonces y como se ha podido comprobar ahora, una vez que ha pasado el tiempo y se ha observado que nunca fueron en realidad útiles para los productores.

En 2012, como revela este día una investigación que publica este diario, la Universidad de Chapingo expuso que muchos de los programas de apoyo a la agricultura, ganadería y pesca, incluidos los mototractores, que se ejecutaban en Puebla, carecían de la planeación y el seguimiento necesario para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

“El Estado no cuenta con un instrumento propio para medir la satisfacción y percepción de los beneficiarios. No existe un mecanismo implementado por el Estado para dar seguimiento a los apoyos”, observó la institución.

Mención aparte merece el tema de los proveedores. Nueve empresas vendieron todo, a un costo promedio unitario de 108 mil 700 pesos, pero una fue la favorecida: Alejandra Morales Hernández y Grupo Comercom SA de CV. Esta firma vendió el 30 por ciento de los aparatos en ese sexenio, la misma que proveyó a Moreno Valle de sombrillas y artículos promocionales para su campaña electoral de 2010.

¿Qué significa esto? Que además de malo, el programa sirvió de magnífico negocio para algunos privilegiados, o por lo menos para el pago de favores previos.

Ahí tiene el gobernador Luis Miguel Barbosa un tema para indagar a fondo y castigar a los responsables, como dice que quiere hacerlo, para castigar la corrupción, porque, aunque el autor intelectual de esa presumible fechoría haya muerto, quedan todos los autores materiales, vivitos y coleando.

¿O no?

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El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, hizo dos importantes anuncios este domingo a través de sus redes sociales.

El primero de ellos, relevante para la comunidad universitaria, que la institución recuperaré el equipo de futbol Lobos ante instancias federales:

“El ascenso de Lobos BUAP a primera división fue resultado de un trabajo en equipo, coordinado, con la participación de toda la comunidad. Lobos es BUAP y siempre será BUAP, por eso haremos todo lo necesario porque vuelva a estar donde merece estar y recuperar lo que nos arrebataron por medio de un fraude evidente”.

Y segundo, que este 4 de octubre rendirá el tercer informe de labores de su segundo periodo de rectorado al frente de la máxima casa de estudios, pero de manera virtual, sin invitados, por el tema de emergencia sanitaria que usted ya conoce.

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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, salió al paso de los señalamientos directos que la semana pasada hizo el gobernador Miguel Barbosa acerca del (mal) desempeño del Poder Judicial.

No negó que desde este órgano de justicia se estén realizando de manera negativa algunos de los trabajos que debería hacer bien, por el contrario, dio a conocer que al menos seis jueces han sido sancionados en lo que va del año por haber incurrido en presuntos actos que violan la Ley General de Responsabilidades o la Ley Orgánica.

Sin embargo, tampoco aclaró si detrás de estas sanciones, que en realidad son muy pocas, existían motivaciones vinculadas a hechos de corrupción o a meras faltas administrativas.

Debería apresurarse a dar mejores resultados en este importante rubro, a menos que no esté interesado en permanecer en ese Poder el año que viene, crucial para la vida política y el futuro del estado.

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