La pregunta fue obligada para el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en la conferencia de prensa mañanera que ofreció este lunes. “¿Qué opina del informe del rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, y de los mensajes políticos que pronunció?”, le inquirieron al mandatario estatal, que contestó:
“No conozco el contenido del informe del rector Esparza. Es el informe que le rinde al Consejo Universitario, que es la autoridad o la instancia interna de la universidad donde debe hacerlo.”
En apariencia, esta fue una no respuesta, pero no lo fue, porque inmediatamente después de esas palabras vino la parte filosa, aguda pues:
“Las autoridades de orden público analizarán el mismo y en los asuntos de su competencia se analizarán. Hablo de la Auditoría Superior del Estado y todos los temas de transparencia y rendición de cuentas (…) El propósito es que el manejo de dinero público sea revisado por instancias de orden público, porque eso es así, ninguna dependencia de ninguna naturaleza puede vivir en una ínsula de opacidad, así es que cualquier dependencia tiene que rendir cuentas.”
Esta sí es una respuesta.
El gobernador insiste en revisar a fondo el manejo de las finanzas en la máxima casa de estudios.
Se contuvo y no contestó de manera frontal a los mensajes del rector, principalmente a aquel que manifiesta que defenderá la autonomía universitaria para impedir que poderes externos se entrometan en la sucesión, pero lo hizo de manera indirecta, poniendo por delante a los diputados y a la auditoría de Francisco Romero Serrano, los responsables de revisar el uso de los recursos públicos de origen estatal.
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A propósito del uso del Congreso (a través de la Comisión Inspectora) y de la Auditoría Superior del Estado para dirimir diferencias políticas, siempre sí acudió la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, al llamado de los legisladores que andan harto preocupados por el buen uso del dinero público en el ayuntamiento.
En sentido opuesto a lo que se pensaba, la edil fue a la auditoría, acompañada de los integrantes de su gabinete, así como de su equipo de asesores jurídicos.
No obstante, después de presentar la documentación que llevaba, correspondiente a los procedimientos de contratos y licitaciones de su administración, les tundió a los diputados que la convocaron, acusándolos de extralimitarse en sus funciones.
“Acudo porque quiero visibilizar el acoso que sufrimos muchos presidentes municipales por parte de algunos, que, so pretexto de la ley, intentan socavar nuestra autonomía municipal (…) creo en la urgencia de fortalecer las instituciones para que nunca más vuelvan a ser utilizadas como un garrote político (…) desde el Congreso se formulan acusaciones y extrañamientos sin fundamento haciendo eco a descalificaciones malintencionadas”, declaró ante los reporteros, al salir del inmueble, con el puño en alto.
De ahí partió caminando al Congreso, donde hizo lo propio.
Al final, para rematar el acto político, que eso fue, compró un molote en la 5 Poniente y se regresó degustándolo hacia el palacio municipal.
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Por fin, después de medio año de inactividad por los motivos sanitarios que usted bien conoce, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje reabrió sus puertas y reanudó labores este lunes, lo que generó una oleada de abogados y trabajadores que ingresaban presurosos al inmueble para atender los asuntos que tienen rezagados desde entonces.
El retorno no fue el mejor. Hubo desorden, poco personal para atender los temas y escasas medidas de seguridad para impedir la propagación del nuevo coronavirus, sin embargo, se espera que eso cambie (para bien) en lo que resta de la semana y se reconoce que finalmente se haya decidido poner nuevamente en operación un organismo público tan importante.
