/ viernes 9 de octubre de 2020

En Punto

¿Darán oportunidad los diputados de mayoría morenista a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para que se presente ante todos los integrantes del pleno no solo para contestar las preguntas que tengan con relación al manejo de las finanzas en el ayuntamiento, sino también para escuchar los reproches que esta tenga que hacer por los diversos pendientes legislativos?

Difícil creerlo, pero el documento entregado el lunes por Rivera Vivanco en la sede del Poder Legislativo, precisamente en el que solicita esa chance para poder hablar frente a los diputados locales, ha dado su primer paso.

En la sesión plenaria de este jueves, la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla dio entrada al oficio de la alcaldesa, el cual ayer mismo fue turnado a la Comisión Inspectora para que sean sus integrantes quienes analicen el documento y emitan una resolución, ya sea en favor o en contra de la petición.

Rivera Vivanco solicitó una audiencia ante los miembros del Pleno del Congreso, que son los 41 diputados, a fin de exponer los detalles del ejercicio de la administración que algunos están muy interesados en conocer, pero también para abordar temas de la agenda legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados que siguen pendientes.

¿Cómo qué pendientes?, se preguntará usted, pues como el de la desprivatización de los servicios de agua potable y drenaje que ahora se encuentran en manos privadas.

¿Le dirán que sí a la presidenta municipal, ante un tema tan incómodo para algunos y después de haberlos chamaqueado en la comparecencia (que ya no lo fue) del lunes pasado?

Se abren apuestas.

***

¡Qué caray! Ni cuatro días duró en funcionamiento total la Junta Local de Conciliación y Arbitraje después de que reabriera sus puertas el lunes tras la inactividad de poco más de seis meses a la que la había obligado la emergencia sanitaria por coronavirus.

Esta oficina, importantísima para la solución de conflictos laborales en el estado, cerró ayer el área de amparos. Y por qué cree usted. Pues ni más ni menos que debido a un posible, sí, solo “posible”, contagio por covid-19 de uno de sus empleados.

El incidente, pero principalmente el cierre de la oficina, fue notificado en un papel colocado afuera de las instalaciones, donde hasta ayer continuaban las largas filas de abogados que buscaban interponer las demandas de sus clientes.

El documento, firmado por Arturo Daza Buendía, refería que un trabajador de la Secretaría General B del edificio de la Junta local de Conciliación y Arbitraje posiblemente era positivo a SARS-Cov-2, y que mientras se conocía el resultado de la prueba, no se daría atención ni el 8 ni el 9 de octubre.

Como nadie más en la administración pública puede hacerse cargo de ese trabajo, el área de amparos de la Junta Local, se tomaron su “puentecito” de descanso al menos hasta el lunes.

Mientras, litigantes y personas de afectadas que requieran del servicio tendrán que volver a esperar… sentados.

***

El de este jueves fue otro día de acusaciones fuertes, muy fuertes, del gobernador Miguel Barbosa Huerta en contra de funcionarios del pasado, concretamente, de servidores públicos morenovallistas. Ahora llamó “malditos” a quienes estuvieron involucrados en un presunto fraude cometido desde el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), desde donde se habrían desviado 173 millones de pesos para la construcción de 163 escuelas que, afirmó, nunca de edificaron.

“Malditos, de veras, malditos. Cómo abusaron de nuestra Puebla”, expresó el mandatario, antes de señalar que los hechos se concretaron con Jorge Benito Cruz Bermúdez, hoy magistrado del Poder Judicial, como director del organismo. ¡Zas!

¿Darán oportunidad los diputados de mayoría morenista a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para que se presente ante todos los integrantes del pleno no solo para contestar las preguntas que tengan con relación al manejo de las finanzas en el ayuntamiento, sino también para escuchar los reproches que esta tenga que hacer por los diversos pendientes legislativos?

Difícil creerlo, pero el documento entregado el lunes por Rivera Vivanco en la sede del Poder Legislativo, precisamente en el que solicita esa chance para poder hablar frente a los diputados locales, ha dado su primer paso.

En la sesión plenaria de este jueves, la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla dio entrada al oficio de la alcaldesa, el cual ayer mismo fue turnado a la Comisión Inspectora para que sean sus integrantes quienes analicen el documento y emitan una resolución, ya sea en favor o en contra de la petición.

Rivera Vivanco solicitó una audiencia ante los miembros del Pleno del Congreso, que son los 41 diputados, a fin de exponer los detalles del ejercicio de la administración que algunos están muy interesados en conocer, pero también para abordar temas de la agenda legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados que siguen pendientes.

¿Cómo qué pendientes?, se preguntará usted, pues como el de la desprivatización de los servicios de agua potable y drenaje que ahora se encuentran en manos privadas.

¿Le dirán que sí a la presidenta municipal, ante un tema tan incómodo para algunos y después de haberlos chamaqueado en la comparecencia (que ya no lo fue) del lunes pasado?

Se abren apuestas.

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¡Qué caray! Ni cuatro días duró en funcionamiento total la Junta Local de Conciliación y Arbitraje después de que reabriera sus puertas el lunes tras la inactividad de poco más de seis meses a la que la había obligado la emergencia sanitaria por coronavirus.

Esta oficina, importantísima para la solución de conflictos laborales en el estado, cerró ayer el área de amparos. Y por qué cree usted. Pues ni más ni menos que debido a un posible, sí, solo “posible”, contagio por covid-19 de uno de sus empleados.

El incidente, pero principalmente el cierre de la oficina, fue notificado en un papel colocado afuera de las instalaciones, donde hasta ayer continuaban las largas filas de abogados que buscaban interponer las demandas de sus clientes.

El documento, firmado por Arturo Daza Buendía, refería que un trabajador de la Secretaría General B del edificio de la Junta local de Conciliación y Arbitraje posiblemente era positivo a SARS-Cov-2, y que mientras se conocía el resultado de la prueba, no se daría atención ni el 8 ni el 9 de octubre.

Como nadie más en la administración pública puede hacerse cargo de ese trabajo, el área de amparos de la Junta Local, se tomaron su “puentecito” de descanso al menos hasta el lunes.

Mientras, litigantes y personas de afectadas que requieran del servicio tendrán que volver a esperar… sentados.

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El de este jueves fue otro día de acusaciones fuertes, muy fuertes, del gobernador Miguel Barbosa Huerta en contra de funcionarios del pasado, concretamente, de servidores públicos morenovallistas. Ahora llamó “malditos” a quienes estuvieron involucrados en un presunto fraude cometido desde el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), desde donde se habrían desviado 173 millones de pesos para la construcción de 163 escuelas que, afirmó, nunca de edificaron.

“Malditos, de veras, malditos. Cómo abusaron de nuestra Puebla”, expresó el mandatario, antes de señalar que los hechos se concretaron con Jorge Benito Cruz Bermúdez, hoy magistrado del Poder Judicial, como director del organismo. ¡Zas!

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