La prometida modernización del transporte público urbano de pasajeros, que tendría que darse unos meses después de que se autorizara el incremento del pasaje a 8 y 8.50 pesos, lo que ocurrió justo un año atrás, en octubre de 2019, no se dio.
Tanto autoridades gubernamentales como la Secretaría de Movilidad y Transporte, a cargo de Guillermo Aréchiga Santamaría, como concesionarios y operadores de las unidades dedicadas al traslado de personas, admiten que se ha incumplido con los acuerdos celebrados 12 meses atrás, al menos en un 60 por ciento del padrón de vehículos existentes en la entidad.
No obstante, pocos se atreven a calificarlo como un fracaso o un intento de los concesionarios para ignorar ahora la parte que les tocaba llevar a cabo una vez que fueron beneficiados con una nueva tarifa.
Lo que argumentan en su favor, y puede ser que tengan razón, es que los acontecimientos ocurridos más adelante vinieron a modificar todos los planes y, principalmente, a dañarlos en ingresos económicos, lo que evitó que pudieran responder de manera positiva a los acuerdos.
Al margen de otros argumentos, o excusas, como prefiera usted llamarles amable lector, la pandemia por coronavirus y las obligadas medidas de prevención que se dispusieron en el estado (de la misma forma que en el resto del mundo) dejaron sin una buena cantidad de pasajeros a los transportistas, lo que implicó que se quedaran con menos recursos y, por tanto, con menos posibilidades de pagar los compromisos adquiridos con el gobierno y con sus usuarios para modernizar las muy maltratadas unidades con las que brindan el servicio.
Como sea, se incumplió.
Y lo menos que tendría que ocurrir ahora, a un año de distancia, es realizar otro acuerdo para establecer nuevos compromisos y nuevos plazos, para que la gente que a diario usa el transporte público no se sienta engañada y burlada.
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La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, rendirá este día su segundo informe de actividades, seguramente sin la presencia del gobernador Miguel Barbosa, que el viernes dijo claramente que no acudiría por considerar que en realidad no lo quieren durante el acto protocolario.
Pero incluso sin el mandatario, la edil ha preparado un informe que arranca hoy pero que se extenderá durante los siguientes cinco días para visitar todas y cada una de las 17 juntas auxiliares que se encuentran dentro del municipio capital.
Rivera Vivanco empezará en punto de las 10 de la mañana en el patio de palacio municipal, donde habrá 70 invitados especiales y no más, por aquello de la sana distancia. Dará un informe central y una vez que termine se irá a los primeros eventos en las juntas. Comenzará en Azumiatla y Tecola.
Entre martes y sábado recorrerá tres plazas públicas por día, donde se hará acompañar por habitantes de las comunidades y se verá obligada, otra vez, a considerar el número de asistentes de acuerdo con la capacidad de cada inmueble. En la junta con menos espacio reunirá solo a 30 personas y, en la que más, a 100.
La idea de la alcaldesa en cada uno de estos informes es dar un resumen general, para después aterrizar con datos concretos sobre lo que ha hecho en cada lugar.
Interesante ejercicio de la presidenta municipal, que no se había hecho de esa manera en el pasado, con un recorrido e informe por cada una de las juntas auxiliares de la ciudad.
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Consejeros estatales y militantes de Morena en Puebla exigieron un alto a la violencia contra las mujeres que ejercen un cargo de elección popular, así como las descalificaciones en contra de Claudia Rivera Vivanco. La consejera Araceli Caselin Espinoza señaló que en días pasados en el municipio de Puebla se ha visto un auge en las descalificaciones y acusaciones sin evidencias y fundamentos legales contra una mujer que fue electa por los ciudadanos en 2018. Y tienen razón, solo que les faltó precisar que esas críticas han emanado de compañeros emanados del mismo partido.
