Como un pleito que no tiene retorno, este jueves volvió a escalar la intensidad con que el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, han llevado una mala relación personal que ha trascendido a las instituciones que ambos encabezan.
En el punto 9 de una prolongada sesión del Consejo Universitario, el rector de la máxima casa de estudios fue más enfático que en el pasado para exigirle a la administración, pero en concreto a Miguel Barbosa, que cese la campaña de persecución que se ha emprendido desde el Poder Ejecutivo en su contra y de la universidad o que, de una vez, se presenten las pruebas de lo que se acusa para proceder como haya que hacerlo.
No obstante, en esta ocasión Esparza fue más allá de solo pedir que se respete la autonomía universitaria, como ya lo ha hecho en el pasado.
Si es necesario vamos a rebasar las fronteras de la universidad para defender el estado de Derecho, advirtió, y llamó a los universitarios a mantener la calma antes de tomar acciones que puedan volverse violentas para defender la institución ante el golpeteo político del que, afirmó, es objeto.
¿Las palabras del rector significan que dentro de la institución ya se considera la posibilidad de tomar acciones violentas para defender su causa?
Eso parece.
Pero hubo más.
En su extenso pronunciamiento, Esparza Ortiz dejó entrever que podría sumarse a la contienda electoral si las condiciones lo requieren.
De ser necesario, daré la cara por todos los poblanos, sentenció en la parte final de su discurso, después de subrayar que hasta ahora ha defendido los intereses de la comunidad universitaria.
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Con la novedad de que no todos ven mal el hecho de que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI haya decidido que sea mediante la aplicación de exámenes de conocimientos y aptitudes como vayan a definirse los candidatos a diputados federales para la elección de 2021.
Tanto Enrique Doger Guerrero como Silvia Tanús Osorio, dos personajes con amplia trayectoria en el partido tricolor, avalaron este método y descartaron que vaya a funcionar como un “dedazo” disfrazado por parte del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.
Incluso, expusieron que es una buena medida en el contexto de la emergencia sanitaria, porque evita las contiendas internas y, por tanto, las aglomeraciones que conduzcan a una nueva ola de contagios por coronavirus no solo en Puebla, sino en el resto del país.
“Es un método legal que fue ampliamente discutido en los cambios y las modificaciones al estatuto, que finalmente es nuestro reglamento interno, y el Comité Ejecutivo Nacional tiene mi plena confianza de que se harán los mejores procesos porque los resultados a la vista señalan que es lo correcto”, expuso Doger.
“Considero que es un mecanismo acertado con el cual desde la dirigencia nacional y con el apoyo del Instituto Reyes Heroles se harán los exámenes correspondientes para ver quiénes serán los abanderados de mi partido”, opinó, por su parte, Tanús.
El voto de confianza está dado, al menos por parte de estos dos tricolores.
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Enrique Cárdenas Sánchez se fue en contra del gobierno del presidente López Obrador por su objetivo de desaparecer los fideicomisos y fondos con que cuentan diversas instituciones y entidades en el país.
“No es una persona la que está metida, sino que es todo un entramaje institucional que asegura que los fondos que se utilizan ahí, para lo que fueron entregados (…) Entonces la acusación por la cual fueron desaparecidos no tiene sentido y por lo mismo podríamos decir que, más bien, es un pretexto para hacer otro tipo de cosas”, acusó el profesor-investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla y presidente de Signos Vitales y de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad.
Y tiene razón. Desaparecerlos parece más bien un propósito del mandatario mexicano para llevar ese dinero público a otro lado, seguramente a financiar los programas asistencialistas que tanto le gustan.
