Es habitual que en el Congreso del Estado abunden las buenas intenciones sin sustancia que terminan quedándose solo en eso: en buenas intenciones.
Justo eso ocurrió en el Poder Legislativo este martes, cuando la mayoría del pleno votó en favor de una propuesta de la Comisión de Asuntos Municipales para pedir a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que lleve a cabo un programa integral de sincronización de semáforos en el primer cuadro de la ciudad, así como de las principales avenidas de la capital del estado, con el fin –evidentemente—de reducir la emisión de gases contaminantes y agilizar el tránsito de los miles de automovilistas que circulan a diario en el municipio.
La propuesta, presentada por la diputada Paola Ruiz García, de Morena, fue avalada con 28 votos a favor y 12 abstenciones.
¡Bien!
Lo malo es que la solicitud que se mandará a la edil de Puebla de manera formal no pasará de ser una carta de buenas intenciones que no llevará a ningún sitio en concreto, y la razón se encuentra en lo que expuso la diputada del PAN, Mónica Rodríguez, a sus pares de Morena y sus legisladores aliados.
Un proyecto de semaforización inteligente implica una inversión aproximada de 350 millones de pesos, según un estudio realizado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en los primeros meses de 2018, bajo encargo del entonces presidente municipal Luis Banck Serrato.
Así que, además de una genuina preocupación por los niveles de contaminantes que se producen a diario en la capital y el estrés de los conductores de vehículos automotores, los diputados, principalmente los de Morena, requerirán de una bolsa de varios cientos de millones de pesos para convencer a Rivera Vivanco.
De otra manera, su exhorto no pasará.
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El gobernador Miguel Barbosa Huerta volvió a sacar un presunto escándalo de corrupción que tiene que ver con las administraciones panistas en su mañanera del martes.
Ahora se trata de empresas fantasmas que sirvieron a los gobernantes del pasado reciente para realizar estafas como la evasión de impuestos, a partir de notarios públicos que se prestaron para colaborar en la trama:
“Créanme que en el tema de funcionamiento de notarías se está revisando de manera muy escrupulosa, vamos a ver que sale de esa investigación y sí, se está investigando la composición de las empresas fantasma que, constituidas ante un notario, pues tienen todas las posibilidades de ser un instrumento de engaño.”
Barbosa no dijo cuándo habrá frutos de las investigaciones que realiza su gobierno, pero, dado el calendario y la intensidad con la que he venido denunciando hechos de similares características, todos relacionados con servidores públicos de administraciones emanadas del PAN, es muy probable que los resultados sean visibles en la primera mitad del próximo año, en pleno desarrollo del proceso electoral.
¿O alguien lo duda?
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Siempre sí, las investigaciones relacionadas con la “estafa maestra” parecen haber alcanzado al poblano Juan Carlos Lastiri Quirós, quien figura entre los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que participaron en la compra de votos y operación electoral para la campaña de 2017 en el Estado de México, según se desprende de los señalamientos hechos de manera reciente por el ex oficial mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa González.
En aquel año, Lastiri, ahora dirigente estatal de la CNOP, el sector popular del PRI, era subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en esa dependencia.
Durante años se especuló acerca de la viabilidad de que Lastiri fuera involucrado en la comisión de esos presuntos hechos ilícitos, y parece que ha llegado el momento de enfrentar a las instancias judiciales.
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