Cosa rara la que ocurre en el PAN, pero Eduardo Rivera Pérez tendrá que brincar un nuevo obstáculo para convertirse, ahora sí, en candidato del blanquiazul a la presidencia municipal de Puebla.
El fin de semana el Comité Directivo Estatal de ese partido político validó los registros de los aspirantes que presentaron su solicitud para competir por la candidatura.
Y la sorpresa fue que no solo avaló la de Rivera Pérez, sino que también lo hizo con las de Ricardo Gali Saucillo y Pedro Gutiérrez Varela.
En efecto, los dos personajes que le entraron a la contienda interna solo para incomodar al expresidente municipal recibieron luz verde de la dirigencia, la misma que en los meses previos protagonizó una guerra de vencidas con el aspirante para integrar una planilla de regidores y síndico al gusto de todos los grupos de poder.
La descalificación de Gali y Gutiérrez para otorgarle la candidatura a Rivera Pérez puede parecer de mero trámite, y en realidad así es, a no ser porque su inclusión en una terna que no debió existir levante sospechas acerca de la disposición de la presidenta del partido, Genoveva Huerta Villegas, para designar al tercero de ellos.
¿Le habrán puesto obstáculos intencionados al aspirante?
Quizá.
Ahora los tres panistas, según el dicho de la misma dirigente, tendrán que buscar por su cuenta a los representantes de los partidos Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP) si quieren ir en candidatura común para las elecciones de este año.
Rivera Pérez, como se ve, no tenía el camino tan pavimentado.
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Quien piense que el papel de la diputada y recién elegida presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, solo ha arribado esa posición para cerrar de manera discreta y sin contratiempos la actual legislatura, como relevo de Gabriel Biestro Medinilla en la presidencia de ese poder, podría estar equivocado.
Nora Merino tendrá que dar cerrojazo a dos grandes temas que siguen pendientes en lo que fue el primer Congreso dominado por la mayoría morenista: la demanda de legalización del aborto que realiza un sector importante de la sociedad y el rompimiento de la concesión del agua potable a la empresa Agua de Puebla.
La legislatura no podrá terminar sin dar una respuesta a esos dos temas.
Y de qué respuesta dé y en qué términos lo haga dependerá su valoración en la historia política del estado.
Nora Merino tiene ya la pelota en sus zapatos.
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Todo indica que los secretarios de Seguridad Pública del gobierno del estado y de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Puebla, Raciel López Salazar y Lourdes Rosales Martínez, respectivamente, no tienen mejor comunicación entre ellos que la que tiene la mayoría de los servidores públicos de esos dos niveles de la administración pública.
O no se hablan, o el puente de comunicación que debía existir entre estas dos instituciones falló este fin de semana, cuando policías estatales se vieron en la necesidad de proteger con vallas metálicas algunos de los inmuebles del centro de la ciudad para impedir que la marcha prevista para el domingo derivara en afectaciones al patrimonio del estado.
“Sobre las manifestaciones por el #DíaInternacionalDeLaMujer, el @Gob_Puebla garantiza el absoluto respeto y derecho a la libertad de expresión que se realice en el marco de la legalidad; así como el resguardo de monumentos históricos, Patrimonio Cultural de la Humanidad”, explicó la Secretaría de Gobernación desde su cuenta de twitter.
El punto es que entre niveles de gobierno no se comunicaron y la autoridad municipal no estaba enterada de lo que iba a ocurrir, por lo que tuvo que improvisar cierres a la circulación y expresar su molestia en un comunicado.
Qué costaba un pequeño mensaje.
