Con la novedad de que hay muchas posibilidades de que los diputados locales, que ya estaban gozando de su descanso adelantado antes de que termine la actual legislatura, regresen a trabajar unas horas más para aprobar una ley en materia de desaparición de personas, como demandan desde hace algunos años colectivos y víctimas colaterales de este delito.
Hay presión para el Congreso y la hay en dos sentidos.
Por una parte, autoridades federales como el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez ha invitado a los diputados a discutir a la brevedad la iniciativa de ley presentada por el colectivo Voz de los Desaparecidos.
“Conocemos la iniciativa (del colectivo), hemos hecho una valoración, es una iniciativa muy importante; el gobernador también ha planteado presentar una iniciativa, entonces consideramos que el Congreso puede discutir a la brevedad estas dos propuestas”, dijo Encinas en la mañanera del presidente López Obrador.
Por otra parte, el mismo Barbosa ha anunciado que este viernes mandará al Congreso el documento con el que pretende dar respuesta a esas demandas, una iniciativa propia enmarcada en la ley general que ya existe a nivel nacional.
“Ya tenemos nuestra propuesta, ley de iniciativa particular en materia de desaparecidos”, subrayó el gobernador.
De ahí que se antoje como posible que Nora Merino Escamilla, la mandamás en la legislatura que ya termina, tenga que convocar a sus compañeros para darle trámite a una exigencia social para la que tuvieron oídos sordos casi tres años.
Todo esto sin contar con que desde el 15 de julio y hasta hoy, familiares de víctimas de desaparición que integran el colectivo Voz de los Desaparecidos permanecen en plantón afuera del Congreso.
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Un mes ha pasado ya desde que la administración estatal tomó por exhorto de la justicia federal las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla y designó un nuevo patronato que a su vez quitó de rectoría a Luis Ernesto Derbez Bautista y puso en su lugar, como interino, al exsenador Armando Ríos Piter.
No obstante, incluso con esos episodios, la historia está lejos de llegar a su fin. Y para muestra un botón: El vocero de la fundación Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez, informó que en breve obtendrán la suspensión definitiva por parte del Poder Judicial y no quedará duda de que les deben devolver las instalaciones. La lucha por el control de esa universidad no ha terminado.
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El Tribunal Electoral del Estado de Puebla sentó un precedente en cuanto a violencia política por razón de género que ejercen el Estado, lo mismo superiores jerárquicos que partidos políticos, particulares o medios de comunicación.
Si bien la resolución pudiera considerarse menor porque solo se trata de una amonestación pública y no una sanción económica, o que atenta contra la libertad de expresión, la ley es clara y quienes denigren, minimicen o menoscaben los derechos político-electorales de las mujeres serán sancionados.
Así ocurrió con un reportero que ejerció violencia política contra la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, de quien hizo manifestaciones denigrantes en un periódico digital, afirmaciones que no se limitaron al ejercicio periodístico, sino que fueron agresivas, además de que utilizó calificativos sobre las parejas sentimentales de la panista, lo que en conclusión implica un ataque directo por ser mujer.
Realizó publicaciones para desacreditarla, denigrarla, minimizarla, delimitarla y denostarla en su capacidad para desempeñar el cargo frente a sus pares y la ciudadanía. Además, se burló de la presidenta al hacer alusiones sobre su aspecto corporal o apariencia física, perpetuando con ello estereotipos de género.
Con esta resolución más de uno lo pensará antes de burlarse del aspecto físico de una candidata, dirigente de partido o funcionaria pública, de lo contrario se estará enfrentando a mínimo una amonestación pública o una multa en el peor de los casos, ya que la ley vigente no impone alguna sanción penal por violencia política.
