¿Fue un éxito o un fracaso la consulta popular para el enjuiciamiento de los expresidentes?
Para Andrés Manuel López Obrador, el promotor de la consulta, lo mismo que para sus seguidores y fanáticos, fue un éxito.
Sin embargo, para el grueso de analistas y observadores fue un rotundo fracaso, en función de un dato duro demoledor: solo siete por ciento del padrón electoral del país acudió a las urnas para emitir su opinión en torno a esa consulta.
“Es un triunfo el que 6.6 millones de ciudadanos hayan participado ayer independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta”, expresó el mandatario mexicano en la mañanera del lunes, después de arremeter en contra de los integrantes del INE, por el poco interés que mostraron en el ejercicio, y contra los medios de comunicación, a los que reprochó no haber dado la difusión necesaria para que la gente acudiera a votar.
Era previsible que el presidente saldría a respaldar su iniciativa y culpar a terceros por la escasa participación, como lo hizo.
Sin embargo, en términos prácticos y reales, fue un fracaso, porque quedó muy lejos del 40 por ciento que se exigía para convertirse en un ejercicio vinculante.
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El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, confirmó la mañana de ayer lo que ya se conocía de acuerdo a la información que da a conocer la Secretaría de Salud federal: Puebla es el estado más rezagado en la aplicación de vacunas contra la Covid-19.
El argumento del secretario de salud estatal es que la Federación no manda la cantidad de dosis que se requiere, pues, aseguró, todo lo que han mandado se ha aplicado.
Entonces, ¿por qué la Federación no voltea a ver al estado?
La ubicación no puede ser un argumento pues Puebla capital está a dos horas de la Ciudad de México, que es donde arriban las vacunas.
La falta de capacidad tampoco, pues el mandatario poblano en varias ocasiones ha presumido tener el equipo necesario para el traslado, almacenamiento y cuidado del biológico.
Entonces, ¿a qué se debe el rezago?, ¿se trata acaso de un castigo?
Se podría pensar que tener un gobierno emanado del partido del presidente de México, López Obrador, Morena, daría beneficios por la buena relación y trabajo conjunto, pero ya se ve que no.
Parece que el problema se genera por una mala relación entre gobierno y federación, o, aún peor, por un asunto personal entre funcionarios, y no es solo por la pésima planeación en la repartición de los biológicos.
Ojalá no sea así, pero, sea cual sea el fondo, debe resolverse lo antes posible, pues los más afectados son los poblanos, sin deberla ni temerla.
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En los entretelones de la política universitaria se ha comentado con anterioridad al destape de Guadalupe Grajales Porras como aspirante a la rectoría de la BUAP que cuenta entre sus principales “instrumentos de guerra” con el apoyo incondicional de Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, para esa aventura.
La especie es solo un rumor que pudo haber salido del grupo de colaboradores de la propia aspirante, hasta hace una semana secretaria general en esa universidad.
Cierto o falso, lo cual se sabrá dentro de dos meses, la versión ha llevado un tanto de credibilidad debido al nexo de subordinación que tuvieron Grajales y Gutiérrez cuando la primera era coordinadora de la maestría en Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, cargo que dejó en enero de 2020, y la segunda era investigadora.
Se dice, también a tono de trascendido, que Gutiérrez, como colaboradora de la maestría, tenía ciertos beneficios para trasladar de vez en cuando a la Ciudad de México su centro de operaciones, con todo y becarios del Conacyt, para trabajar desde allá sin necesidad de venir a la ciudad de Puebla.
A partir de entonces habría nacido una relación entre ambas mujeres, que ha llevado a expandir la versión del apoyo presidencial para una de ellas en la contienda que se avecina en la BUAP.
