“Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos corrige la plana y nos propina un jalón de orejas, frente a la vista de todos, además, nosotros vamos a hacerles lo mismo a los integrantes del Instituto Electoral del Estado”.
Eso es lo que parecen haber concluido en la sede del Tribunal Electoral del Estado, llenos de coraje, los magistrados Norma Angélica Sandoval Sánchez, Idamis Pastor Betancourt y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, después de que la autoridad federal echara abajo los más recientes fallos emitidos con relación a la contienda de diputados locales en Puebla, a juzgar por el recurso presentado en contra del IEE.
El Tribunal, que preside la magistrada Sandoval Sánchez, dio vista al INE de las supuestas irregularidades cometidas por los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) relacionadas con inconsistencias en las boletas de la elección de diputado local por el distrito 4 de Zacapoaxtla.
Por oficio, el pasado 21 de septiembre el órgano jurisdiccional promovió un procedimiento de remoción de los consejeros electorales ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, expediente que fue creado y registrado con el número UT/SCG/PRCE/CG/22/2021.
Tal cual lo lee.
Esos presuntos errores llevaron al TEEP a anular la elección de diputado local del distrito 4, revocando así el triunfo del morenista Ebodio Santos Alejo. Pero días después, el 13 de septiembre, previo a la toma de protesta de los diputados, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF revocó la nulidad, declaró elegible a la candidata propietaria del PRI, Norma Sirley Reyes Cabrera, y ordenó entregarle la constancia de mayoría.
Los tres magistrados se niegan a aceptar el revés y ahora no solo culpan a los consejeros Miguel Ángel García Onofre, Sofía Marisol Martínez Gorbea, Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, Juan Pablo Mirón Thomé, José Luis Martínez López, Evangelina Mendoza Corona y Jesús Arturo Baltazar Trujano, sino que también piden su destitución.
Una lucha entre autoridades electorales locales que no se había visto en el pasado.
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De manera discreta, sin hacer ruido, el coordinador de los panistas en el Congreso del Estado, Eduardo Alcántara Montiel, logró que todos y cada uno de los nueve diputados blanquiazules existentes en esta nueva legislatura comenzara como presidente de por lo menos una comisión.
La relación, que se hará oficial hasta este día en una sesión pública del pleno del poder legislativo, quedó así:
Asuntos Metropolitanos, Aurora Sierra; Familia y Derechos de la Niñez, Mónica Rodríguez; Desarrollo Urbano, Guadalupe Leal; Vivienda, Oswaldo Jiménez; Trabajo, Rafael Micalco; Organizaciones no gubernamentales, Nancy Jiménez; Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, Oswaldo Jiménez; Ciencia, Patricia Valencia; Derechos Humanos, Karla Rodríguez, y Parlamento abierto, una comisión especial que no existe por ahora, para el mismo Eduardo Alcántara.
Las negociaciones para repartirse comisiones se llevaron toda la semana, pero fue hasta ayer que los representantes parlamentarios que ya cohabitan en el Congreso lograron ponerse de acuerdo.
Si bien Morena, que es el partido político con mayor representación, se quedó con las comisiones más importantes: Inspectora, Gobernación, Presupuesto y Crédito Público e Igualdad de Género, y el PRI con un par de ellas nada despreciable: Hacienda y Patrimonio Municipal, los panistas, que son la segunda fuerza política en el recinto legislativo, amarraron las propias para ellos.
Los pronósticos previos a esta conformación les auguraban malos resultados, principalmente por las fricciones que en el pasado han tenido Eduardo Alcántara y los liderazgos del grupo hegemónico en Morena y en el estado.
