/ lunes 27 de septiembre de 2021

En Punto

Repuesto de la batalla judicial que libraba desde 2017 por la presunta comisión de fraude genérico, supuestamente cometido en contra de un grupo de particulares y el Infonavit, el empresario Raúl Gómez Campillo vuelve con una contrademanda que ha presentado en contra de quienes entonces lo acusaron de un delito que no cometió.

Con documentos en su poder que acreditan su inocencia, expedidos por el Poder Judicial de la Federación, el expresidente de la Cámara de Promotores Industriales de Vivienda (Provivac) y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) ha denunciado ante la Fiscalía General de la República a personajes públicos del estado, entre ellos funcionarios, empresarios y notarios, hecho que seguramente derivará en un escándalo nacional en el corto plazo.

Nada más revise usted los nombres de algunos de los acusados:

Carlos Martínez Velázquez, Antonio Kuri Alam, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, Miguel Ángel Tirado Carpinteyro, Liz Marlén Bravo López, Irma Salazar Hernández, Alberto Díaz Argüello, Mario Arellano Posada y Juan Tejeda Foncerrada.

Unos han sido denunciados por ejercicio ilícito del servicio público y otros por fraude.

Gómez Campillo pasó tres meses en prisión en 2019 y libró una batalla legal que culminó a finales de ese mismo año con un fallo en su favor.

Ahora quiere limpiar su nombre y devolverle el favor a quienes lo acusaron.

La historia completa se publica este día en este diario

***

Alumnos de la Universidad de las Américas Puebla volvieron a levantar la voz este fin de semana para pedir el retorno de las clases presenciales y el fin del conflicto legal que mantiene a la institución en medio de dos grupos de poder.

Los jóvenes, entre quienes estuvieron también exalumnos y algunos trabajadores, aprovecharon la vía recreativa de los domingos en la Recta a Cholula para montar una manifestación debajo del puente que conduce a esa universidad.

La autoridad judicial pocas veces se deja presionar para acelerar procesos en marcha, pero este caso podría ser una excepción.

El peloteo entre jueces estatales y federales y la falta de resoluciones definitivas ha hecho que nadie gobierno en la UDLAP.

Armando Ríos Piter tiene el campus, pero Cecilia Anaya Berríos posee las cuentas bancarias.

Así, con un poder compartido, nadie decide.

***

Quienes tenían la certeza de que este mismo mes habría una importante vacante de empleo en el Congreso del Estado ante la eventual y presunta salida del auditor superior, Francisco Romero Serrano, podrían errar en el pronóstico.

Basta leer lo que este fin de semana ha declarado la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo para ver que, si fuese cierta esa especie que “adelantaba” la salida del auditor en los días por venir, eso no ocurrirá en el corto tiempo.

La diputada emanada de Morena, que logró la reelección y ha conseguido continuar como presidenta de la Comisión Inspectora en la recién estrenada legislatura, exculpó a Romero Serrano de los retrasos en la entrega de informes y resultados de la Auditoría Superior, correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, pues afirmó que esto ha sido consecuencia de la emergencia sanitaria.

“No siento que haya sido un rezago por culpa de nadie, tuvimos una pandemia y uno de los primeros lugares donde surgió un brote fuerte fue la Auditoría”, dijo.

Además, extendió el rezago a los diputados, que son los encargados de elaborar y presentar iniciativas de ley:

“Sí hay un trabajo pendiente, no nada más informes individuales, sino también de algunas iniciativas que considero importantes para eficientar esa fiscalización, la rendición de cuentas, ese tema que traemos (en Morena) de anticorrupción. Todo lo que quiere decir transformación de lo que era antes a lo que queremos seguir haciendo”.

Si estuviese en la agenda de Morena destituir al auditor, esa entrevista de Romero Garci Crespo con los reporteros habría sido un buen momento para decirlo.

Repuesto de la batalla judicial que libraba desde 2017 por la presunta comisión de fraude genérico, supuestamente cometido en contra de un grupo de particulares y el Infonavit, el empresario Raúl Gómez Campillo vuelve con una contrademanda que ha presentado en contra de quienes entonces lo acusaron de un delito que no cometió.

Con documentos en su poder que acreditan su inocencia, expedidos por el Poder Judicial de la Federación, el expresidente de la Cámara de Promotores Industriales de Vivienda (Provivac) y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) ha denunciado ante la Fiscalía General de la República a personajes públicos del estado, entre ellos funcionarios, empresarios y notarios, hecho que seguramente derivará en un escándalo nacional en el corto plazo.

Nada más revise usted los nombres de algunos de los acusados:

Carlos Martínez Velázquez, Antonio Kuri Alam, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, Miguel Ángel Tirado Carpinteyro, Liz Marlén Bravo López, Irma Salazar Hernández, Alberto Díaz Argüello, Mario Arellano Posada y Juan Tejeda Foncerrada.

Unos han sido denunciados por ejercicio ilícito del servicio público y otros por fraude.

Gómez Campillo pasó tres meses en prisión en 2019 y libró una batalla legal que culminó a finales de ese mismo año con un fallo en su favor.

Ahora quiere limpiar su nombre y devolverle el favor a quienes lo acusaron.

La historia completa se publica este día en este diario

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Alumnos de la Universidad de las Américas Puebla volvieron a levantar la voz este fin de semana para pedir el retorno de las clases presenciales y el fin del conflicto legal que mantiene a la institución en medio de dos grupos de poder.

Los jóvenes, entre quienes estuvieron también exalumnos y algunos trabajadores, aprovecharon la vía recreativa de los domingos en la Recta a Cholula para montar una manifestación debajo del puente que conduce a esa universidad.

La autoridad judicial pocas veces se deja presionar para acelerar procesos en marcha, pero este caso podría ser una excepción.

El peloteo entre jueces estatales y federales y la falta de resoluciones definitivas ha hecho que nadie gobierno en la UDLAP.

Armando Ríos Piter tiene el campus, pero Cecilia Anaya Berríos posee las cuentas bancarias.

Así, con un poder compartido, nadie decide.

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Quienes tenían la certeza de que este mismo mes habría una importante vacante de empleo en el Congreso del Estado ante la eventual y presunta salida del auditor superior, Francisco Romero Serrano, podrían errar en el pronóstico.

Basta leer lo que este fin de semana ha declarado la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo para ver que, si fuese cierta esa especie que “adelantaba” la salida del auditor en los días por venir, eso no ocurrirá en el corto tiempo.

La diputada emanada de Morena, que logró la reelección y ha conseguido continuar como presidenta de la Comisión Inspectora en la recién estrenada legislatura, exculpó a Romero Serrano de los retrasos en la entrega de informes y resultados de la Auditoría Superior, correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, pues afirmó que esto ha sido consecuencia de la emergencia sanitaria.

“No siento que haya sido un rezago por culpa de nadie, tuvimos una pandemia y uno de los primeros lugares donde surgió un brote fuerte fue la Auditoría”, dijo.

Además, extendió el rezago a los diputados, que son los encargados de elaborar y presentar iniciativas de ley:

“Sí hay un trabajo pendiente, no nada más informes individuales, sino también de algunas iniciativas que considero importantes para eficientar esa fiscalización, la rendición de cuentas, ese tema que traemos (en Morena) de anticorrupción. Todo lo que quiere decir transformación de lo que era antes a lo que queremos seguir haciendo”.

Si estuviese en la agenda de Morena destituir al auditor, esa entrevista de Romero Garci Crespo con los reporteros habría sido un buen momento para decirlo.

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