Aurora Sierra Rodríguez ha presentado una iniciativa de reforma para ampliar las condiciones en las que pueda castigarse la violencia política de género en contra de las mujeres, imputando la agresión a familiares, parejas o exparejas, lo cual deriva de una experiencia personal sufrida por la legisladora hace apenas unos meses.
La diputada local del PAN propone que la difusión de noticias falsas sobre una precandidata o candidata a un cargo de elección popular en el estado también sea considerada violencia política, y que esta no sea solo asumida de esa manera cuando sea perpetrada por los agentes especificados en la ley actual.
Sierra Rodríguez busca que se extienda a familiares y parejas, ya sean formales o no.
Lo interesante es que la legisladora hace la propuesta sobre conocimiento de causa, pues en la argumentación de su iniciativa narra el episodio ocurrido con Víctor Hugo Islas Hernández, su expareja, hoy en prisión, quien en campaña la amenazó y divulgó información de la relación sentimental que sostuvieron con la intención de dañar su imagen, además de que la denunció por un delito que no cometió y por el que fue detenida unas horas.
La iniciativa de la legisladora puede podría convertirse en un logro más de las mujeres en esa lucha ya imparable a favor de la igualdad y en contra de la discriminación, siempre y cuando, por supuesto, la idea sea atendida por la mayoría morenista en el Congreso del Estado y no desechada por haberse originado dentro de una bancada de oposición.
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Locatarios y clientes del mercado de Amalucan siguen a la espera de que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez, que ya suma mes y medio instalado en palacio municipal, decida qué hacer sobre el proyecto que se quedó atorado para dotarle a la gente de un nuevo, digno y mejor inmueble del que tienen en la actualidad.
Ocho meses llevan con la expectativa puesta en la supuesta demolición, una iniciativa que surgió de los planes del gobierno federal y el ayuntamiento de Puebla, entonces comendado por Claudia Rivera Vivanco, para concretar un espacio completamente renovado, que atendiera las necesidades no solo de los vendedores, sino, quizá principalmente, de los compradores, quienes vienen años padeciendo las condiciones de un inmueble viejo, sucio y feo.
Un sondeo realizado por EL SOL DE PUEBLA en la zona reveló que la gente se encuentra pendiente de lo que defina el nuevo alcalde, y aun cuando saben que se trata de una administración que recién comenzó, las personas involucradas en el proyecto consideran que 45 días ya es tiempo suficiente para que las autoridades panistas anuncien lo que han planeado hacer ahí.
El llamado, pues, está hecho.
A ver qué responden desde el gobierno municipal a los habitantes de Amalucan.
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Interesante.
El presidente municipal Eduardo Rivera ha dicho ya que su gobierno no está ni estará a favor de crear una zona de tolerancia en la ciudad de Puebla para ejercer el sexoservicio.
Pero, su secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, no descarta la creación de una zona de esas características y tampoco se cierra a la posibilidad.
Lo que asienta, en entrevista con este diario, es que sea el Congreso del Estado el que se pronuncie al respecto, y en su caso la apruebe, y que no se establezca en el centro, sino en algún otro lugar del municipio.
La idea de que sean los diputados quienes establezcan el marco legal para que funcione, explica, es para que se les pueda brindar servicios de salud a las sexoservidoras, haya seguridad en la zona y se tenga la certeza de que las mujeres que ahí se encuentren no sean víctima de delito como la trata.
Sorprende que un gobierno panista empiece a dar los primeros pasos hacia esa propuesta.
Quizá sea la única manera que vean de sacar esa práctica del centro histórico, donde se ha desbordado, de manera ilegal, sobre todo, en calles y hoteles del norte del primer cuadro.
