En esta semana que se cumplió un mes de la explosión ocurrida en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, como consecuencia de la existencia de una toma clandestina de gas LP, brotó un conflicto social que merecerá un plazo extendido de convencimiento y negociaciones por parte de las autoridades estatales con el grueso de los damnificados, quienes quieren que se les reconstruyan sus viviendas, pero en el mismo sitio donde las tenían.
La directora del DIF, Leonor Vargas Gallegos, dio a conocer que 16 de las 59 familias que perdieron su vivienda durante el siniestro ya han firmado un convenio de aceptación con el gobierno del estado para la reconstrucción de sus viviendas a partir de los recursos públicos y que, de esas, solo 10 dijeron estar de acuerdo con que las nuevas casas se edifiquen fuera de la juta auxiliar, incluso al sur del municipio, como se les ha propuesto.
Eso ha provocado que no se pueda avanzar con los trabajos de reconstrucción a un mes de sucedidos los hechos, debido a que la gran mayoría de quienes perdieron el inmueble quieren que se les haga uno nuevo en el mismo lugar, incluso en el mismo predio.
Ahí se trabarán los trabajos por una sola razón: las familias damnificadas vivían en asentamientos irregulares, los cuales fueron erigidos sobre tierras federales vetadas por ley para uso habitacional.
Ese es el motivo por el que la zona presenta une extensa red de gasolina y gas LP que ha sido tierra fértil para las bandas organizadas que se dedican al robo y venta de los combustibles.
¿Qué pasará?
No se sabe.
Pero lo que no puede ni debe permitirse es la repetición del error: esos terrenos están prohibidos para ser habitados y así deben estar, sin personas susceptibles de perder la vida por nuevos episodios como aquel de la madrugada del 31 de octubre.
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Como pocos servidores públicos lo han hecho en el país, ya no se diga en el estado, el secretario de Salud del gobierno de Puebla, José Antonio Martínez García, se pronunció en contra de la legalización del aborto, y lo hizo, subrayó para no generar malos entendidos, a título personal.
La postura, arriesgada frente al ambiente de polarización que provoca el tema en la sociedad, fue vertida en el marco de la discusión pública que se ha retomado en la última semana, con la ida de colectivos de feministas a las puertas del Congreso para exigir que se legisle al respecto.
“Lo único que puedo decir, a título personal, es que yo estudié para salvar vidas”, respondió ante la insistencia de los reporteros.
Luego vino otra expresión que confirma la existencia de posiciones radicales y encontradas en ese sentido.
Martínez García adelantó que, si los diputados locales deciden legislar para dar la aprobación que demandan muchas mujeres, habrá médicos que no estarán dispuestos a practicar los abortos, porque no estarán de acuerdo con ellos y, lo más trascendente, no se les podrá obligar.
Complicado el tema, aun cuando los legisladores se han comprometido a darle cauce al tema en el primer trimestre del año 2022.
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Los integrantes del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde lleva mano el gobierno del presidente López Obrador, acordaron este miércoles realizar un incremento de 22 por ciento a los sueldos mínimos en el país, de manera que, para el año que se avecina, en la frontera norte del país el monto quedará en 260.34 pesos diarios, mientras que, en el resto, incluido el estado Puebla, será de 172.87 pesos.
Según los involucrados, entre ellos los representantes de las cámaras empresariales, este aumento servirá para conseguir la anhelada reactivación económica en el contexto de la pandemia por coronavirus.
De entrada, se trata de una buena medida, pero, aunque los miembros del citado consejo digan lo contrario, será insuficiente para desactivar los efectos de la inflación que se ha registrado en la recta final de este año.
El alza salarial será como un mejoralito para una grave enfermedad.
