Ahora son los empresarios adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) quienes han levantado la voz para manifestar inconformidades y dudas alrededor del cobro por Derecho de Alumbrado Público, un esquema financiero de cooperación que el ayuntamiento de Puebla busca para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad.
En caso de que ese cobro tenga diferentes tipos de tarifas, de que se modifique en función del giro y el tamaño de la empresa, el sector industrial del municipio buscará ampararse para evitar el pago que pretende establecer el ayuntamiento a partir del próximo año.
Solo si la iniciativa, que después de ser aprobada el pasado viernes en el Cabildo necesita el aval de los diputados locales para convertirse en ley, estipula un cobro único para todo el sector, entonces acatarán lo que se determine, no recurrirán a la vía legal y pagarán lo que corresponda.
La advertencia deriva de Carlos Morán, presidente del sector verde de la Canacintra, quien quiso recordarle a las autoridades poblanas que esta cámara cuenta con un área jurídica específica para defender sus intereses a partir de la promoción de amparos que regularmente, así lo dijo, ganan.
El pronunciamiento del dirigente empresarial evidencia un punto que debería ser atendido a la brevedad por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez:
El pretendido cobro del DAP no ha sido socializado ni explicado correctamente a los habitantes de la ciudad, lo que genera vacíos de información y dudas que se traducen en posiciones de rechazo.
Algo ha fallado en la comunicación del ayuntamiento con la gente en este polémico asunto.
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¿De verdad?
¿El ayuntamiento de Puebla cumplirá el amago que ha lanzado el secretario de Gobernación Jorge Antonio Cruz Lepe a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad?
El funcionario municipal ha revelado que los comerciantes informales se han negado hasta ahora a entregar un padrón que incluya a todas aquellas personas que tienen o quieren tener un puesto ambulante en las calles del centro de la ciudad, como se les ha pedido para comenzar un reordenamiento, lo cual obligará a la Comuna a negarles todo permiso de instalación para la temporada decembrina.
Según el servidor público, la falta de voluntad de los informales para ajustarse a las medidas del nuevo gobierno municipal derivará en la cancelación de los esquemas de venta previamente acordados para el fin de año.
Eso incluye, en primerísimo lugar, las ventas previas a la navidad, las de año nuevo y, finalmente, las de día de reyes magos.
La postura de Cruz Lepe es buena.
Lo menos que se debe exigir a los informales es que cumplan ciertas reglas de organización para prevenir el caos en el centro histórico. Si no lo hacen, pues que no reciban ningún permiso para realizar su actividad comercial.
Sin embargo, cuesta creer que el secretario de Gobernación vaya a mantenerse en esa postura.
Los ambulantes suelen ignorar los llamados de la autoridad y de todos modos invaden la vía pública para vender.
Si desoyen a Cruz Lepe y este no cumple su amenaza le tomarán el pelo y nunca más en los años por venir lo respetarán.
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Los integrantes del Consejo Universitario de la BUAP aprobaron este miércoles por unanimidad el retorno a clases presenciales para los programas de nivel medio superior, superior y posgrado para el 2022, después de un largo periodo de tener actividades escolares en línea a causa de la pandemia por coronavirus.
Presente en la sesión, la rectora Lilia Cedillo Ramírez dio a conocer que en próximos días emitirá comunicados sobre el retorno a clases presenciales para aquellas actividades en donde resulte indispensable la asistencia a las aulas, lo que, subrayó, dependerá de las condiciones de salud pública con las que inicie el año.
La BUAP retornará a clases.
Ahora solo faltará la UDLAP, cuyo conflicto judicial y familiar mantiene alejados de las aulas a sus nueve mil estudiantes.
