Todavía no suma tres meses en el cargo y Jorge Antonio Cruz Lepe parece no ser un servidor público muy bien informado, pese a encontrarse al frente de la Secretaría de Gobernación municipal.
Resulta que siempre sí, que el ayuntamiento de Puebla, a cargo de Eduardo Rivera Pérez, sí recibió los 500 teléfonos celulares que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco tenía bajo resguardo después de decomisarlos en operativos realizados en contra del comercio informal.
Un par de semanas atrás EL SOL DE PUEBLA reveló que esos teléfonos estaban desaparecidos, luego de que funcionarios del anterior ayuntamiento aseguraban que los habían incluido en el proceso de entrega-recepción y de que Cruz Lepe afirmara que no había sido así, que no estaban bajo su resguardo y que no tenía ninguna idea de dónde se hallaban.
Ya contradijeron al secretario de Gobernación.
O, mejor dicho: lo corrigieron.
Y quién cree usted que lo hizo.
Pues ni más ni menos que el presidente municipal.
Por supuesto, Eduardo Rivera Pérez deslindó de la desinformación a su colaborador, pero dijo que sí existen los teléfonos móviles, aunque, apuntó, menos de 500.
Cruz Lepe podrá decirle a su jefe lo que quiera, pero a este diario le negó, en su momento, la existencia de ese paquete de aparatos decomisados.
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El robo de cinco vehículos del estacionamiento de un restaurante ubicado en el municipio de San Pedro Cholula, ocurrido durante el fin de semana, ha vuelto a poner la atención en un fenómeno irregular con el que a diario tienen que lidiar cientos de propietarios de automóviles en el estado: la falta de garantías para que los dueños de esos establecimientos respondan también por los servicios de valet parking.
Después del ilícito, los representantes del restaurante Divará recurrieron al clásico deslinde y culparon a la empresa JIVAZ, encargada de la contratación del servicio de estacionamiento, para que tuviera que ser ella la que respondiera ante las víctimas.
Enterado del asunto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció el problema como un asunto común entre los restauranteros del estado y anunció que emprenderá las acciones correspondientes para corregir el problema y evitar más atracos en el futuro.
“Lo vamos a resolver, expresó, al mismo tiempo que llamó mañosos a los restauranteros por eludir la responsabilidad ante sus clientes.
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Por conductas como la de Armando Ríos Piter es que el grueso de la comunidad estudiantil y académica de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) está muy molesta con el cauce que ha tomado el conflicto legal entre miembros de la familia Jenkins, que mantiene cerrada esa institución desde el 29 de junio del año pasado.
La noche del 29 de diciembre, el mismo día que una comisión de estudiantes, maestros y padres de familia de esa universidad dialogó con los secretarios de Gobernación y de Educación de la administración estatal en Casa Aguayo, Ríos Piter, rector designado por el nuevo patronato de la institución, publicó un video en su cuenta de redes sociales para afirmar que la vida universitaria transcurría de manera normal, sin contratiempos.
Al final de su alocución, aseguró que la UDLAP se había mantenido abierta para los estudiantes y subrayó que así continuaría, con acceso libre para que entrara quien quisiera hacerlo.
Mintió.
Después de eso hubo varios intentos de alumnos por ingresar a la universidad y no lograron.
El último de esos intentos se llevó a cabo ayer lunes, en el día del regreso a clases –en línea—, y tampoco lo consiguieron.
Los guardias de seguridad privada que se encuentran en las instalaciones de la universidad dijeron que no tenían autorizado el acceso para nadie y, por tanto, no abrieron las puertas, esas que según Ríos Piter han permanecido abiertas para los alumnos durante el desarrollo de todo el conflicto.
