/ jueves 13 de enero de 2022

En Punto

Dicen que “la mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos” y es precisamente lo que aplicó el empresario y ahora diputado federal Marco Antonio Natale Gutiérrez, durante al menos un lustro, con la explotación de la pedrera que se ubica al pie del cerro de Teopanzolco, un sitio ceremonial que es utilizado por las comunidades indígenas de la región de Huauchinango desde hace cientos de años.

Aunque los vecinos que colindan con el predio habían ya platicado sobre los daños en sus terrenos con autoridades municipales, el tema no había trascendido más allá de una simple disputa entre particulares, sino hasta que los constantes derrumbes provocados en la ladera del cerro llegaron a escasos 30 metros de la zona arqueológica ubicada en la cima. Hasta entonces se supo que la mina carece de permisos, pero que todos en la zona sabían de su existencia.

El desgajamiento, apreciable desde kilómetros a la distancia, terminó por afectar no sólo la estabilidad del terraplén, sino de poner en riesgo una parte de la historia de la región que no ha sido contada y que se ha mantenido viva sólo entre los abuelos.

Desde finales del año anterior, esta casa editorial ha buscado al diputado emanado de las filas del Partido Verde Ecologista y Morena, sin embargo, éste no ha querido dar ninguna declaración. Aun así, se ha sabido de reuniones sostenidas con funcionarios para intentar frenar las sanciones en contra de su empresa, argumentando un supuesto trasfondo político, pero sin lograr conseguirlo.

Luego de que El Sol de Puebla diera a conocer el hecho en la edición del pasado 9 de enero, esta misma semana acudieron comitivas de Semarnat, Profepa, Conanp y el INAH a corroborar los daños, no obstante, fue la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Puebla la primera en poner sellos de clausura, mientras se esperan los resultados de los análisis realizados por las instancias federales.

Ya el gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que no habrá privilegios para el diputado federal, si se acredita que carece de los permisos para la explotación de la pedrera y comprometió que será tratado como un ciudadano más.

*

Una de las promesas pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la de la descentralización de la Secretaría de Educación Pública parece avanzar un poco con la definición del inmueble que albergará sus oficinas en lo que se entiende, es una primera etapa.

Ha pasado ya la mitad del sexenio de la cuarta transformación y dos secretarios sin que se haya concretado el cambio de instalaciones de la Ciudad de México a Puebla.

Un primer intento ocurrió cuando el primer titular de Educación, Esteban Moctezuma, vino a la entidad e indicó que despacharía desde un inmueble ubicado dentro del Instituto Tecnológico de Puebla, pero en los hechos nada pasó.

Ayer, en su conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que será en la zona del Paseo Bravo donde se ubicará la dependencia federal, concretamente dijo que en el edificio que albergaba el Centro Integral de Servicios (CIS) San Javier.

Esta declaración se dio después de un encuentro que el mandatario sostuvo con la actual titular de la secretaría, Delfina Gómez, en el marco del banderazo de la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 al personal de la educación.

Entonces, instalaciones ya hay, falta ver si en lo que resta del sexenio se hace o no realidad la ambiciosa idea de traer todo el aparato burocrático de la SEP a Puebla con la derrama económica que supondría.


Dicen que “la mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos” y es precisamente lo que aplicó el empresario y ahora diputado federal Marco Antonio Natale Gutiérrez, durante al menos un lustro, con la explotación de la pedrera que se ubica al pie del cerro de Teopanzolco, un sitio ceremonial que es utilizado por las comunidades indígenas de la región de Huauchinango desde hace cientos de años.

Aunque los vecinos que colindan con el predio habían ya platicado sobre los daños en sus terrenos con autoridades municipales, el tema no había trascendido más allá de una simple disputa entre particulares, sino hasta que los constantes derrumbes provocados en la ladera del cerro llegaron a escasos 30 metros de la zona arqueológica ubicada en la cima. Hasta entonces se supo que la mina carece de permisos, pero que todos en la zona sabían de su existencia.

El desgajamiento, apreciable desde kilómetros a la distancia, terminó por afectar no sólo la estabilidad del terraplén, sino de poner en riesgo una parte de la historia de la región que no ha sido contada y que se ha mantenido viva sólo entre los abuelos.

Desde finales del año anterior, esta casa editorial ha buscado al diputado emanado de las filas del Partido Verde Ecologista y Morena, sin embargo, éste no ha querido dar ninguna declaración. Aun así, se ha sabido de reuniones sostenidas con funcionarios para intentar frenar las sanciones en contra de su empresa, argumentando un supuesto trasfondo político, pero sin lograr conseguirlo.

Luego de que El Sol de Puebla diera a conocer el hecho en la edición del pasado 9 de enero, esta misma semana acudieron comitivas de Semarnat, Profepa, Conanp y el INAH a corroborar los daños, no obstante, fue la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Puebla la primera en poner sellos de clausura, mientras se esperan los resultados de los análisis realizados por las instancias federales.

Ya el gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que no habrá privilegios para el diputado federal, si se acredita que carece de los permisos para la explotación de la pedrera y comprometió que será tratado como un ciudadano más.

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Una de las promesas pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la de la descentralización de la Secretaría de Educación Pública parece avanzar un poco con la definición del inmueble que albergará sus oficinas en lo que se entiende, es una primera etapa.

Ha pasado ya la mitad del sexenio de la cuarta transformación y dos secretarios sin que se haya concretado el cambio de instalaciones de la Ciudad de México a Puebla.

Un primer intento ocurrió cuando el primer titular de Educación, Esteban Moctezuma, vino a la entidad e indicó que despacharía desde un inmueble ubicado dentro del Instituto Tecnológico de Puebla, pero en los hechos nada pasó.

Ayer, en su conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que será en la zona del Paseo Bravo donde se ubicará la dependencia federal, concretamente dijo que en el edificio que albergaba el Centro Integral de Servicios (CIS) San Javier.

Esta declaración se dio después de un encuentro que el mandatario sostuvo con la actual titular de la secretaría, Delfina Gómez, en el marco del banderazo de la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 al personal de la educación.

Entonces, instalaciones ya hay, falta ver si en lo que resta del sexenio se hace o no realidad la ambiciosa idea de traer todo el aparato burocrático de la SEP a Puebla con la derrama económica que supondría.


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