El hallazgo del cadáver de un recién nacido en un contenedor de basura, al interior del penal de San Miguel, pone el dedo sobre la llaga sobre el lastre histórico que existe sobre la seguridad al interior de los llamados Centros de Reinserción Social a los que puede darse el ingreso de una variedad de objetos o servicios prohibidos, todo por el tufo de la corrupción.
El extremo de esta situación es que por alguna negligencia o corruptela se pretendió desaparecer el pequeño cadáver que forzosamente tuvo que pasar por algún filtro de seguridad, pues, de acuerdo a las primeras investigaciones el bebé presentaba una operación de apéndice, lo que descarta que naciera dentro del reclusorio.
Ahora que los reflectores nacionales están sobre este macabro suceso, bien valdría la pena que las autoridades tomaran de fondo cartas en el asunto para erradicar prácticas indebidas en este y otros penales que seguramente involucran a funcionarios de varios niveles.
Por fortuna existe la promesa de que las investigaciones serán a profundidad y que habrá varios implicados que serán castigados.
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Casi a la par que su líder moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio positivo a Covid-19.
Desde el viernes pasado, el mandatario ofreció la conferencia de prensa desde su casa sin que diera mayor explicación.
Fue hasta la mañana de ayer lunes que confirmó haber adquirido el virus dejando en claro que sus síntomas son leves y sus niveles de temperatura, así como oxigenación están estables.
Si de comparaciones hablamos, el gobernador ha sido más cuidadoso en el manejo de la pandemia que el mismísimo Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo:
1.- Las pocas veces que Barbosa no ha utilizado un cubrebocas han sido, juntamente, cuando se reúne con Obrador como para no llevarle la contra.
2.- Contadas son las veces que el gobernador ha salido de su oficina en Casa Aguayo para atender asuntos relacionados a su cargo.
3.- Al frente de Salud, el mandatario estatal tiene a un doctor (José Antonio Martínez García) que ha manejado con seriedad la situación y no a un “experto” que interpreta los alcances de la pandemia para no llevar la contra a su jefe, sí nos referimos a Hugo López-Gatell.
Sin duda, el gobernador ha tomado mejores acciones, tanto personalmente como a nivel de autoridad, que las que ha tomado la Federación.
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Las protestas en contra del Derecho de Alumbrado Público (DAP) llegaron al gobierno de Tehuacán encabezado por Pedro Tepole Hernández y buscan el apoyo de la ciudadanía para interponer un amparo, al considerar que se tratara de un acto inconstitucional.
El conflicto derivado de la confusión sobre los montos que deberán pagar los usuarios ha llevado a las protestas en municipio como Zinacatepec, Ajalpan, Chapulco, Coxcatlán y Nicolás Bravo, donde los alcaldes han terminado cediendo ante las exigencias ciudadanas, aunque esto implique recortar el presupuesto municipal aún más.
Aunque la intervención dela Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2020 encontró una ilegalidad al cobrar el DAP según un porcentaje de consumo, la cuota en realidad no significaba un aumento sustancial de los recibos de luz, toda vez que representaban cuotas de entre 5 y menos de 20 pesos.
En el caso de Tehuacán, según lo adelantado por Tepole Hernández será de apenas entre 7 y 8 pesos mensuales para casi la totalidad de la población, esto, aunque el Congreso del Estado estableció tarifas de hasta 90.07 pesos como máximo.
La exigencia de los activistas que ayer se plantaron frente al Edificio Morelos, es el rotundo rechazo al DAP y señalar lo que es considerado un abuso de parte de las autoridades, aunque esto tenga más tintes políticos que de defensa del pueblo.
