/ jueves 20 de enero de 2022

En Punto

De última hora y en medio de la expectativa internacional, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sacó de los temas a analizar en la sesión de ayer 19 de enero, el juicio de amparo iniciado por la comunidad nahua de Tecoltemi, de la Sierra Norte de Puebla, y que terminaría por cerrar o abrir puertas a la Ley Minera en México.

El argumento de la comunidad indígena que ha ido avanzando a lo largo de siete años en sus cauces legales, desde que fue interpuesto el recurso en 2015, refiere como violatoria de la legislación federal ante los derechos humanos como a la salud, el agua y la vida, además de la autodeterminación de los pueblos originarios.

Aunque el argumento parte de un conflicto con las concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el juicio emprendido con apoyo de organizaciones no gubernamentales como Fundar, incide directamente en la protección el territorio y la regulación ausente en la legislación federal.

El aplazamiento solicitado de último momento, previo a la sesión de la SCJN, abre por ello una oportunidad para ahondar en los vicios que la Ley Minera ha mantenido desde 1992 y que por ahora seguirá otorgando las facilidades para la instalación de proyectos extractivos hasta que el tema sea resuelto o bien, la ley sea modificada en el Congreso de la Unión. Lo que ocurra primero.

*

Una decisión que seguramente aplaudirá el sector restaurantero y antrero, fue la asumida por el Presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez para no echar en el mismo costal a las 17 juntas auxiliares y al resto del territorio que gobierna.

Si de suyo, la implementación de la Ley Seca es cuestionada en nuestros días sobre su efectividad en los procesos electorales para inhibir actos de violencia, en detrimento del comercio, pensar que elecciones en una parte del territorio debe afectar al resto resulta menos práctico.

El alcalde atendió el llamado de las cámaras empresariales para limitar al territorio de las 17 juntas auxiliares de la ciudad la restricción de venta de bebidas alcohólicas los días sábado y domingo próximos toda vez que este último día unas 80 mil personas acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades subalternas.

*

Mientras el gobernador Luis Miguel Barbosa refirió que el cuerpo del bebé hallado en un contenedor de basura del penal de san miguel fue objeto de un “abuso satánico”, la presidenta y cofundadora de la Asociación Civil Reinserta, Saskia Niño de Rivera, que sigue de cerca el caso, considera que la hipótesis de que el cadáver fue utilizado para introducir drogas cobra más fuerza.

“Todo pinta que el bebé entró muerto al penal, el menor tiene una incisión en el abdomen que tampoco hemos tenido claridad por qué se hizo eso, por lo cual se sospecha que fue utilizado para transportar droga al interior”, dijo.

Mientras que las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos se la han pasado buscando cuál de las dos instancias sigue estos terribles hechos y esto ha generado dilación en la revisión del expediente del caso.

Son muchas las interrogantes sobre la mecánica de los hechos que esperemos pronto aclare la Fiscalía General de Justicia a cargo de Gilberto Higuera Bernal. Lo que está claro es el alto grado de corrupción que permitió ese y otros tantos hechos de ilegalidad en el penal de San Miguel.


De última hora y en medio de la expectativa internacional, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sacó de los temas a analizar en la sesión de ayer 19 de enero, el juicio de amparo iniciado por la comunidad nahua de Tecoltemi, de la Sierra Norte de Puebla, y que terminaría por cerrar o abrir puertas a la Ley Minera en México.

El argumento de la comunidad indígena que ha ido avanzando a lo largo de siete años en sus cauces legales, desde que fue interpuesto el recurso en 2015, refiere como violatoria de la legislación federal ante los derechos humanos como a la salud, el agua y la vida, además de la autodeterminación de los pueblos originarios.

Aunque el argumento parte de un conflicto con las concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el juicio emprendido con apoyo de organizaciones no gubernamentales como Fundar, incide directamente en la protección el territorio y la regulación ausente en la legislación federal.

El aplazamiento solicitado de último momento, previo a la sesión de la SCJN, abre por ello una oportunidad para ahondar en los vicios que la Ley Minera ha mantenido desde 1992 y que por ahora seguirá otorgando las facilidades para la instalación de proyectos extractivos hasta que el tema sea resuelto o bien, la ley sea modificada en el Congreso de la Unión. Lo que ocurra primero.

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Una decisión que seguramente aplaudirá el sector restaurantero y antrero, fue la asumida por el Presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez para no echar en el mismo costal a las 17 juntas auxiliares y al resto del territorio que gobierna.

Si de suyo, la implementación de la Ley Seca es cuestionada en nuestros días sobre su efectividad en los procesos electorales para inhibir actos de violencia, en detrimento del comercio, pensar que elecciones en una parte del territorio debe afectar al resto resulta menos práctico.

El alcalde atendió el llamado de las cámaras empresariales para limitar al territorio de las 17 juntas auxiliares de la ciudad la restricción de venta de bebidas alcohólicas los días sábado y domingo próximos toda vez que este último día unas 80 mil personas acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades subalternas.

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Mientras el gobernador Luis Miguel Barbosa refirió que el cuerpo del bebé hallado en un contenedor de basura del penal de san miguel fue objeto de un “abuso satánico”, la presidenta y cofundadora de la Asociación Civil Reinserta, Saskia Niño de Rivera, que sigue de cerca el caso, considera que la hipótesis de que el cadáver fue utilizado para introducir drogas cobra más fuerza.

“Todo pinta que el bebé entró muerto al penal, el menor tiene una incisión en el abdomen que tampoco hemos tenido claridad por qué se hizo eso, por lo cual se sospecha que fue utilizado para transportar droga al interior”, dijo.

Mientras que las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos se la han pasado buscando cuál de las dos instancias sigue estos terribles hechos y esto ha generado dilación en la revisión del expediente del caso.

Son muchas las interrogantes sobre la mecánica de los hechos que esperemos pronto aclare la Fiscalía General de Justicia a cargo de Gilberto Higuera Bernal. Lo que está claro es el alto grado de corrupción que permitió ese y otros tantos hechos de ilegalidad en el penal de San Miguel.


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