La infame introducción del cadáver del bebé Tadeo al interior del Centro de Reinserción Social de San Miguel logró cimbrar a toda la estructura penitenciaria del estado de Puebla al focalizar la vulnerabilidad de los protocolos de seguridad.
A juzgar de las detenciones y decisiones del Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el día de ayer deberá de marcar un antes y un después en cuanto a la administración de este reclusorio de la ciudad de Puebla y ser la pauta para el resto de cárceles del estado.
Aunque no se explican las motivaciones, este contexto propició el relevo del secretario de Seguridad Pública, Rogelio López Maya y de Alfredo Vargas Quintanilla, subsecretaría de Seguridad de Centros Penitenciarios del estado de Puebla, lo que permite un nuevo comienzo para enfrentar un rancio sistema de corrupción que lleva varios años operando en el penal inaugurado el 15 de marzo de 1984.
A esta decisión de cambio de funcionarios se suma el hecho de que un total de 19 funcionarios y trabajadores del penal de San Miguel, incluido el director y el subdirector, fueron detenidos por su probable participación en los hechos que ganaron reflectores nacionales e internacionales por tratarse del cadáver de un bebé de tres meses de nacido, sustraído de un panteón de Iztapalapa y encontrado en un contenedor de basura dentro del reclusorio.
Si todos son responsables o no, se verá más adelante, pero permite refrescar al personal y los vicios que se tenía que permitieron esta “porquería”, como bien lo describió el mandatario estatal.
Por desgracia, el reto es mayúsculo en el país pues el de Puebla no es un caso aislado sino sintomático de lo que ocurre en todo el sistema penitenciario del país y si bien es algo que le fue heredado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a tres años de gobierno, la respuesta no puede ser que es herencia de neoliberalismo.
Valdría la pena que la Cuarta Transformación mire hacia los reclusorios, porque si de corrupción hablamos, ahí colman los ejemplos.
*
Luego de encabezar protestas en contra del cobro del Derechos de Alumbrado Público (DAP) la diputada federal Inés Parra Juárez reveló que una decena de mujeres han solicitado asesoría jurídica ante una posible orden de aprehensión.
En entrevista con medios de Tehuacán, ya sin el discurso golpeado con el que se le observó en las movilizaciones registradas a principios de año en municipios de la Sierra Negra, la morenista excusó que la protesta es un derecho ciudadano y que los pueblos únicamente no quieren pagar más por la energía eléctrica, además de que algunos carecen del servicio.
No obstante, la representante del Distrito 4, con cabecera en Ajalpan, se mantuvo firme al considerar como inconstitucionales las Leyes de Ingresos Municipales aprobadas en diciembre por el Congreso del Estado.
Parra Juárez insistió en la tranquilidad en que se encuentran ya los municipios que se unieron a la revuelta, como Zinacatepec, donde lograr que sus alcaldes acordaran suspender el cobro del alumbrado.
A la par, este lunes la poblana entregó una petición a Manuel Bartett Díaz para abordar el cobro del DAP con el planteamiento de conocer si es posible su cancelación.
Los traspiés de la legisladora evidencian nuevamente el desconocimiento del proceso legislativo, e incluso, de las funciones y alcances de una diputación federal.
