/ jueves 27 de enero de 2022

En Punto

La Comisión de Derechos Humanos de Puebla se adelantó al Ayuntamiento de Puebla para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un alegato por el cobro del Derecho de Alumbrado Público en la Ley de Ingresos de este 2022 pero no lo hizo para secundar el propósito de la alcaldía que encabeza Eduardo Rivera Pérez sino por considerar que transgrede los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.

“Las contribuciones por alumbrado público previstas en las leyes impugnada, no tiene la naturaleza de “derechos” en realidad se trata de un impuesto que grava directamente el consumo de energía eléctrica cuyo gravamen únicamente corresponde al congreso de la Unión”, fijó en su comunicado el organismo estatal para intentar echar atrás la decisión del Congreso del Estado.

Mientras tanto, del lado de la autoridad municipal de Puebla capital aún no existe la certeza de que acudirán a La Corte pues la síndico municipal Guadalupe Arrubarrena García refirió que esta semana será definitoria para que el edil determine si busca ante la corte que su ayuntamiento sea considerado para el cobro del DAP luego de la negativa del congreso local para impedírselo junto a los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula.

*

El pico más alto de la pandemia de Covid-19, debido a la nueva variante Ómicron, aún no llega al estado, pese a que se tenía previsto para la segunda mitad de enero.

De acuerdo a nuevas previsiones de la Secretaría de Salud estatal, el acmé de contagios y hospitalizaciones se podría alcanzar durante la siguiente semana, es decir, en los primeros días de febrero.

El titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, también informó sobre un nuevo máximo histórico de contagios en un solo día con 917 casos positivos, pero en los próximos días rebasará el millar durante 24 horas.

Estas proyecciones y cifras van de la mano con lo que sucede en el país, pues en los últimos días se reporta un crecimiento en las hospitalizaciones, los muertos de lunes a martes fueron 475, la cifra más alta de la cuarta ola, y el ausentismo laboral por el virus se ha disparado.

De acuerdo con datos del IMSS, en solo dos semanas de este mes se han otorgado 171 mil incapacidades temporales. Esto representa el 85.5 por ciento del total de permisos dados desde que inició la pandemia, pues de marzo de 2020 a diciembre de 2021, o sea, en 84 semanas el instituto otorgó 200 mil.

No hay duda de la rapidez en que Ómicron se ha expandido y debido a eso nadie debe minimizar lo que representa, tener conciencia de la situación y el momento que se está viviendo y actuar en consecuencia.

El virus sigue y la sociedad continúa expuesta.
**

La alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala, enfrenta un severo problema de seguridad y violencia en su municipio ante el que carece aún de la estrategia adecuada. Si bien los niveles de inseguridad ya estaban disparados desde el trienio anterior, los primeros 100 días de gobierno no le han sido suficientes para poner orden en la casa.

Sobre la ya conocida incidencia delictiva, fueron ahora los comerciantes quienes decidieron lanzar un nuevo llamado a las autoridades para exigir seguridad y tranquilidad del Pueblo Mágico, pues enfrentan temores fundados de que un grupo delictivo con presencia en diferentes partes del país pueda estar metiéndose al municipio.

Hasta ahora, han sido llamadas para exigirles el cobro de piso, mismas que son realizadas desde ladas de otros estados, pero que ponen a dudar a los comerciantes si son reales o no, porque la información que los delincuentes tienen de ellos y sus locales comerciales es tan precisa que, de verdad asusta.

La situación fue reconocida por la propia alcaldesa, quien ayer confirmó que quienes han recibido estas llamadas han reportado el intento de extorsión y con ello han evitado que se concreten los pagos. Asimismo, refirió una serie de acciones implementadas desde su llegada al gobierno en octubre de 2021, pero que a todas luces se siguen quedando cortas ante la inevitable realidad.


La Comisión de Derechos Humanos de Puebla se adelantó al Ayuntamiento de Puebla para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un alegato por el cobro del Derecho de Alumbrado Público en la Ley de Ingresos de este 2022 pero no lo hizo para secundar el propósito de la alcaldía que encabeza Eduardo Rivera Pérez sino por considerar que transgrede los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.

“Las contribuciones por alumbrado público previstas en las leyes impugnada, no tiene la naturaleza de “derechos” en realidad se trata de un impuesto que grava directamente el consumo de energía eléctrica cuyo gravamen únicamente corresponde al congreso de la Unión”, fijó en su comunicado el organismo estatal para intentar echar atrás la decisión del Congreso del Estado.

Mientras tanto, del lado de la autoridad municipal de Puebla capital aún no existe la certeza de que acudirán a La Corte pues la síndico municipal Guadalupe Arrubarrena García refirió que esta semana será definitoria para que el edil determine si busca ante la corte que su ayuntamiento sea considerado para el cobro del DAP luego de la negativa del congreso local para impedírselo junto a los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula.

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El pico más alto de la pandemia de Covid-19, debido a la nueva variante Ómicron, aún no llega al estado, pese a que se tenía previsto para la segunda mitad de enero.

De acuerdo a nuevas previsiones de la Secretaría de Salud estatal, el acmé de contagios y hospitalizaciones se podría alcanzar durante la siguiente semana, es decir, en los primeros días de febrero.

El titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, también informó sobre un nuevo máximo histórico de contagios en un solo día con 917 casos positivos, pero en los próximos días rebasará el millar durante 24 horas.

Estas proyecciones y cifras van de la mano con lo que sucede en el país, pues en los últimos días se reporta un crecimiento en las hospitalizaciones, los muertos de lunes a martes fueron 475, la cifra más alta de la cuarta ola, y el ausentismo laboral por el virus se ha disparado.

De acuerdo con datos del IMSS, en solo dos semanas de este mes se han otorgado 171 mil incapacidades temporales. Esto representa el 85.5 por ciento del total de permisos dados desde que inició la pandemia, pues de marzo de 2020 a diciembre de 2021, o sea, en 84 semanas el instituto otorgó 200 mil.

No hay duda de la rapidez en que Ómicron se ha expandido y debido a eso nadie debe minimizar lo que representa, tener conciencia de la situación y el momento que se está viviendo y actuar en consecuencia.

El virus sigue y la sociedad continúa expuesta.
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La alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala, enfrenta un severo problema de seguridad y violencia en su municipio ante el que carece aún de la estrategia adecuada. Si bien los niveles de inseguridad ya estaban disparados desde el trienio anterior, los primeros 100 días de gobierno no le han sido suficientes para poner orden en la casa.

Sobre la ya conocida incidencia delictiva, fueron ahora los comerciantes quienes decidieron lanzar un nuevo llamado a las autoridades para exigir seguridad y tranquilidad del Pueblo Mágico, pues enfrentan temores fundados de que un grupo delictivo con presencia en diferentes partes del país pueda estar metiéndose al municipio.

Hasta ahora, han sido llamadas para exigirles el cobro de piso, mismas que son realizadas desde ladas de otros estados, pero que ponen a dudar a los comerciantes si son reales o no, porque la información que los delincuentes tienen de ellos y sus locales comerciales es tan precisa que, de verdad asusta.

La situación fue reconocida por la propia alcaldesa, quien ayer confirmó que quienes han recibido estas llamadas han reportado el intento de extorsión y con ello han evitado que se concreten los pagos. Asimismo, refirió una serie de acciones implementadas desde su llegada al gobierno en octubre de 2021, pero que a todas luces se siguen quedando cortas ante la inevitable realidad.


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