En ocasiones es necesario ponerle el rostro y el nombre de una persona conocida a un hecho criminal a todas luces condenable para que la sociedad, pero principalmente las autoridades públicas, reaccionen ante el incremento de la delincuencia y la importancia de trabajar para ponerle un freno.
Eso ocurrió este fin de semana con el homicidio de Cecilia Monzón Pérez, una mujer radicada hasta antes de su muerte en San Pedro Cholula, que sumaba varios años de activismo en defensa de los derechos de las mujeres y la justicia. Más atrás incursionó en política-partidista a través del PRI y posteriormente, en una etapa fugaz, en el Verde Ecologista de México.
La noticia de su muerte inundó rápido las redes sociales y los medios de comunicación el sábado, justo después de que un par de homicidas le diera alcance en su vehículo para atacarla en una de las laterales del Periférico, a la altura de Momoxpan.
Los detalles del homicidio permiten concluir que se trató de una ejecución, que no fue un hecho fortuito o incidental.
Quienes la mataron llevaban la indicación precisa para hacerlo.
La tarde del jueves y al día siguiente brotaron indignación y protestas de indignación que le exigieron a las autoridades ministeriales y al gobierno dar con los responsables, materiales e intelectuales, para hacerles pagar por el crimen.
Ese es el reto ahora, que las autoridades castiguen a los culpables de ese feminicidio para disminuir, al menos un poco, esa molestia social que crece a pasos acelerados por el ascenso de la inseguridad.
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La atención se ha centrado en el municipio de Puebla y en el alcalde Eduardo Rivera Pérez, pero, en caso de que el gobernador Miguel Barbosa pueda concretar esa promesa de campaña que tiene que ver con la rescisión de contrato a la empresa Agua de Puebla, el acontecimiento tendrá repercusión en otros cinco ayuntamientos.
Además de Puebla capital, Agua de Puebla (Concesiones Integrales) otorga el servicio, administra y cobra por ello a usuarios de otros cinco municipios: San Andrés y San Pedro Cholula, así como Santa Clara Ocoyucan, Cuautlancingo y Juan C. Bonilla.
El debate público se ha enfocado en Puebla porque este municipio es el que concentra la mayor actividad por parte de la empresa concesionaria, pero esta demarcación no será la única afectada en caso de prosperar la iniciativa del mandatario estatal, que, según sus propias palabras, ha emprendido una nueva etapa de valoración para determinar si se remunicipaliza el servicio de agua o no.
Esto significa que habrá que escuchar a otros actores políticos para saber qué opinan al respecto, comenzando por los alcaldes y alcaldesas de esos municipios:
Edmundo Tlatehui, de San Andrés Cholula; Paola Angón, de San Pedro; Filomeno Sarmiento, de Cuautlancingo; Rosendo Morales, de Ocoyucan, y José Cinto, de Juan Crisóstomo Bonilla.
Tlatehui, por ejemplo, edil emanado del PAN, ya ha dicho que no será tarea sencilla y que requerirá de varios años, más allá de su periodo de administración, para aterrizar el retorno de los servicios de agua a manos del ayuntamiento.
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La detención del director del diario Cambio, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, realizada el sábado en un departamento de la colonia Anzures, de la ciudad de México, ha llevado a la clase política a preguntarse qué pasará con las aspiraciones políticas de Ignacio Mier Velazco, después de que ambos fueran acusados (a través de una filtración periodística) de lavado de dinero.
“Si uno ha caído, pues el otro también lo hará”, parece ser la reflexión más sencilla.
Habrá que esperar, porque hasta ayer por la noche no se confirmaba que la aprehensión de Rueda Sánchez de la Vega tuviese que ver con el supuesto lavado, sino con una denuncia por extorsión presentada por Jorge Estefan Chidiac en 2015.
